Alicia Gutiérrez, secretaria de conflictos del Sindicato Nacional de trabajadores, vendedores de quinielas, de bingos, juegos de azar y afines del Paraguay (Sitranquiba), informó que, tras una denuncia periodística de nuestro medio, la empresa tomó represalias y desvinculó al trabajador que realizó las declaraciones como a tres de sus familiares (su hija y dos hermanos más). Por pedido de los mismos trabajadores omitimos los nombres de los afectados.
La nota trataba sobre la obligatoriedad de los trabajadores de adquirir un nuevo juego de “raspaditas” con pagos al contado. Fue una imposición de la empresa ya que las ganancias son solo del 14% para los trabajadores.
“Lo que buscan es desvincular a los compañeros que están en el sindicato. Los que se manifiestan en contra de ellos. Quieren meter miedo a los trabajadores. Cuando uno declara algo, o hace algo en contra, reclamando sus propios derechos, se los desvincula. No tenemos apoyo de ningún lado. Eso es lo más triste, somos trabajadores de la calle, sin protección”, expresó.
La corredora de la quiniela quiere que las personas sean restituidas en su trabajo. Caso contrario, van a presentar una denuncia ante el ministerio del Trabajo y convocarán a una manifestación frente a TDP.
“Ellos viven del día a día. La hija trabaja para costear sus gastos de la facultad. La desvinculación fue tras la publicación. Ya fuimos desvinculados en total siete personas desde el 2010”, señaló.
PRECARIEDADES
La firma que explota la quiniela es Technologies Development of Paraguay (TDP). Pertenece a Diego Wasmosy, hijo del expresidente Juan Carlos Wasmosy.
Las denuncias en contra de la empresa se acentuaron a finales del 2020. Cuando publicaciones periodísticas revelaron que la empresa estaba incumpliendo con el pago de los cánones que debían estar destinados a los excombatientes de la guerra del Chaco.
Se trata del incumplimiento del artículo 32 de la ley 431/73 “De pensiones a favor de los veteranos del Chaco”. Y del artículo 19 de la ley 1016/97 “Del régimen para la explotación de los Juegos de Azar”.
A pesar de estas denuncias, y en el mismo mes de septiembre, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), adjudicó nuevamente a TDP para la explotación del juego de la quiniela por los próximos cinco años (2025) con el aval de Mario Abdo Benítez, presidente de la República.
A esto se suma las paupérrimas condiciones laborales que deben lidiar los quinieleros. Por ejemplo, desde el inicio de la pandemia (marzo del 2020), por decisión unilateral, TDP disminuyó el porcentaje de ganancias del 25% al 20%. Con esto, los más de 6000 corredores de quiniela del país perciben alrededor de G. 300.000 menos al día.
Así también, cada uno de los trabajadores que deciden manifestarse, empiezan a tener problemas con sus máquinas. Esto, les imposibilita trabajar por 12 o 24 horas y con ello se pierden las ventas de ese tiempo.
Con el último caso, queda demostrado que las represalias se acentuaron y del bloqueo de las máquinas, se pasó a la desvinculación directa de los trabajadores.
