De acuerdo a un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a nivel regional, Paraguay lidera la lista de los países que tienen más personas privadas de su libertad, sin condena alguna.
En América Latina y el Caribe, cuatro de cada diez personas privadas de libertad se encuentran sin siquiera haber recibido una condena y, según las cifras del PNUD, en Paraguay el porcentaje es de 77,3%, según el informe nos sigue Bolivia con 65%, Venezuela con 62,5%, Argentina con 43,5% y Uruguay se destaca como el país que cuenta con menos personas en prisión preventiva sin condena, con 22,3%
El PNUD destacó que el uso excesivo de la detención previa a una condena o la lentitud en resolver la situación jurídica de una persona menoscaba el Estado de derecho por tres razones: deteriora la presunción de inocencia, fomenta la corrupción y promueve la criminalidad.
¿QUÉ SUCEDE EN PARAGUAY?
“Nuevamente ocupamos el primer puesto, ya que en 2017 lo habíamos hecho, y otro estudio realizado por una universidad de Londres nos ubicaba en el cuarto puesto a nivel mundial”, reconoció la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.
La autoridad mencionó que actualmente tenemos 14.700 personas privadas de su libertad, entre las cuales solo poco más de 4.000 tienen una condena.
En este sentido agregó que si seguimos con el aumento de la población penitenciaria, se contribuye a la creación de más cárceles, lo que no debe ser el único objetivo, pues desarrollar una nueva gestión con un modelo diferente, que permita empezar de cero en un lugar diferente, será esencial para vislumbrar algún cambio.
“Lo que se debe hacer con urgencia es separar a los procesados de los condenados, para diferenciar los perfiles de las personas y no tener a todos bajo la misma bolsa”, sentenció la ministra.
Pérez añadió también un factor crucial en la problemática, que consiste en una falta de política preventiva, pues el enfoque central de la justicia es reaccionar ante los delitos, sin pensar su prevención.
“Nosotros no abordamos las causas de los delitos, como los países que tienen una mejor seguridad y, por ende, las cárceles menos abarrotadas”, definió la ministra.
UN PROBLEMA REITERATIVO
“Esto es una señal de alarma que se arrastra por décadas en nuestro país y, en términos de política criminal, quiere decir que el sistema pensado para abandonar la prisión preventiva no ha funcionado”, argumentó el Dr. José Casañas Levi, abogado penalista.
De este modo, como no existen los métodos de control de personas procesadas, muchas veces los jueces optan por lo más sencillo, la prisión preventiva, acción que teóricamente no debería darse, pero como Paraguay no ha desarrollado herramientas para monitorear a quienes son inocentes, resulta más fácil llevarlos presos por temor de fuga.
“Pasa que el sistema penal es más justo, en la medida que más recursos tenga el imputado. El ciudadano que no cuente con tantos recursos, tendrá más posibilidades de estar preso”, subrayó el especialista.
Casañas Levi señaló que, si no se toman medidas serias desde la Corte y el sistema penitenciario del Poder Ejecutivo, esto jamás va a cambiar, por lo cual se debe cuestionar qué se está haciendo realmente y por qué no existe un programa para priorizar la reforma de esta situación
La prisión de una persona sin condena, realidad que sigue marcando una constante en nuestro país, no solo genera una completa desprotección para los ciudadanos, sino también desplaza los derechos de nuestros presos para acceder a una condena digna o mínimamente saber de su situación penal.
