La Cámara de Senadores en sesión ordinaria virtual rechazó el nuevo pedido de desafuero para el legislador Javier Zacarías Irún (ANR), alegando no tener competencia para conceder un “doble” desafuero, dado que el mismo ya fue sometido a la justicia en el 2019 por la misma causa.
Existían dos posiciones en la Cámara Alta, una de ellas era la de acompañar la decisión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que resolvió no hacer lugar al desafuero; esta fue la que finalmente avanzó.
Es así que a criterio de la mayoría de los senadores, Zacarías Irún ya estaba desaforado en la causa que se solicitaba y el Ministerio Público no tendría ningún inconveniente para continuar con la investigación en la que supuestamente está involucrado. No obstante, 21 senadores votaron por el pedido pero no fueron suficientes para su avance.
La bancada del Frente Guasu y la de Patria Querida fueron las que solicitaron que el Senado ya no dé “ninguna señal de impunidad” para nadie, pidiendo que se ratifiquen y se haga lugar a la solicitud. Aseguraron que a pesar de ser la misma causa, se agregaron otros hechos punibles.
«Es necesario que hagamos lugar al pedido. Los responsables de la investigación son los del Poder Judicial. Nosotros tenemos que ver simplemente que en la parte formal ver que es senador y hacer lugar al pedido. Se trata de hechos, no de números de causas», manifestó la parlamentaria Georgina Arrúa (PPQ). Agregó que además del desafuero, el legislador se merece la pérdida de investidura “por todo el daño que ya causó”.
Por su parte, Zacarías Irún se defendió escudándose en que se trata del mismo proceso que el año pasado, para el que perdió sus fueros, con los mismos actores y la misma imputación, además aseguró que “no hay ánimos de desviar la atención ni la investigación”.
Cabe mencionar que el parlamentario es investigado por supuesta lesión de confianza con pedido de prisión preventiva. Se lo acusa de haber desviado dinero de la Municipalidad de Ciudad del Este junto a su esposa, la ex intendenta de la ciudad, Sandra Mcleod.
La investigación hace referencia a un faltante de G. 3.700 millones relacionado al pago de publicidad que debía ser para la comuna. Sin embargo, según la imputación, Zacarías Irún utilizaba ese dinero en beneficio de campañas políticas o personales. En años anteriores, el parlamentario ya había sido imputado por supuesta declaración falsa en cuanto a los bienes que poseía.
