En la Sesión Extraordinaria del Senado del día de ayer, los legisladores se ratificaron en su sanción inicial sobre el proyecto de ley “Que establece el régimen de sanciones en el Sistema de Transporte Público de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción”.
Juan Afara, presidente de la Comisión de Obras Públicas, recomendó la aprobación de la primera versión (Senado). Esto debido a que la Cámara Baja eliminó los castigos penales y la suspensión de la licencia.
De esta manera, con 27 votos a favor (se necesitaba solo 23) fue ratificado y pasa nuevamente a Diputados para su consideración y estudio.
CONTEXTO
El pasado jueves 18 de marzo, la Cámara de Senadores aprobó una ley que establece sanciones al sector transportista que incurre a reguladas.
Las sanciones establecidas por la Cámara Alta consistían en cancelar las licencias de las empresas que no regularicen la salida de sus flotas. También contemplaba que sus propietarios sean procesados por coacción y perturbación de servicios públicos. Y como si esto fuera poco, también se les prohíbe participar por 10 años de la licitación de itinerarios.
En la actualidad, las únicas sanciones establecidas son de G. 4 millones para cada empresa que realice reguladas.
DIPUTADOS
Tres semanas después, el miércoles 7 de abril, la Cámara de Diputados aprobó con 35 votos modificaciones al proyecto de ley original aprobado por el Senado.
Las modificaciones consistieron en primer lugar en la división de las sanciones. Es decir, califica a las infracciones entre leves, graves y gravísimas. Con esta tipología se establecen los castigos.
Las faltas leves son el exceso de velocidad, el maltrato al pasajero, falta de limpieza de las unidades, utilizar teléfonos celulares durante la conducción y circular en buses en mal estado.
El castigo para estas infracciones es de uno a cinco salarios mínimos (G. 2,2 millones a G. 11 millones).
Las faltas graves son alzar pasajeros en lugares que no son paradas, no respetar la tarifa establecida, circular fuera del itinerario y circular sin seguros de pasajeros y contra terceros. El castigo para esto será de seis a diez salarios mínimos (G 13,2 millones a G. 22 millones).
Mientras que las faltas gravísimas son la realización de reguladas, no alzar pasajeros con discapacidad, circular con unidades no habilitadas y circular sin inspección técnica vehicular.
El castigo para estas infracciones será entre 11 a 20 salarios mínimos (G. 24,2 millones a 44 millones) o la pérdida de la licencia por 10 años.
Con estos cambios, las penas legales establecidas para los transportistas quedaron eliminadas. Sin embargo, ayer nuevamente fueron establecidas por la Cámara Alta.
POSTURA COLORADA
Cuando los diputados colorados analizaron el documento, Basilio “Bachi” Núñez, diputado nacional y presidente de la bancada cartista, afirmó que es injusto culpar de todos los males del sector transporte a los empresarios.
En otras palabras responsabilizó a la clase política, entre ellos muchos de la oposición de contribuir con esta situación por algunas políticas adoptadas desde hace dos décadas.
Este fue el argumento para la eliminación de los castigos más severos.
Foto principal: @SenadoresPy
