El Congreso ha perpetrado, como uno de sus actos de fin de periodo, un nuevo frankenstein legislativo. La ley sancionada hace dos semanas, y de autoría del senador Sixto Pereira, desafecta del dominio del Ministerio del Ambiente y el Desarrollo Sustentable, una fracción de 1.748 hectáreas que habían sido cedidas en carácter de donación por la empresa Campos Morombí al Estado paraguayo a fin de conservar allí un retazo del bosque Atlántico. La idea era convertir dicha fracción en una reserva natural que funcionaría como un refugio de biodiversidad que permita investigaciones sobre el comportamiento de los bosques remanentes en la región Oriental. Coincidentemente, el Poder Ejecutivo extendió por otros 10 años la vigencia de la ley conocida como de deforestación 0, puesta en vigencia en el año 2004.
¿Será que el Poder Ejecutivo pasará por encima de su propio impulso de proteger las ultimas reservas de Bosque Atlántico promulgando el esperpento emitido por los honorables? Si lo hace, estará perfeccionando –si cabe el término- un delito empujado por diputados y senadores populistas, quien como único argumento para concretar su golpe traen a colación los sangrientos sucesos de junio de 2013, con muerte de policías y pobladores del lugar. Como si el atropello de una propiedad privada que dio lugar a ese episodio lamentable justificara el grotesco arrebato de que hicieron objeto al MADES.
Si la promulgación sale sería, además de inconstitucional, un mamarracho que pondría en evidencia la incapacidad del Gobierno de remediar el estado lamentable en que se encuentra hoy esa propiedad pública: razzias de depredadores de montes, comercio de rollos, instalación de aserraderos ilegales y, como corolario de esta cadena delictiva, cultivo, cosecha, procesamiento y comercialización de marihuana en los limpiones abiertos, como heridas purulentas, en el martirizado resto de bosque Atlántico de la reserva Morombi.
En cuento de la reforma agraria ya no corre. A este paso, la reserva natural Morombí quedará pelada en pocos años y habilitada para ser vendida a US$ 15.000 la hectárea, cuando ya no haya rollos que comerciar ni marihuana que esconder entre los árboles. Esto, si corre la desafectación sancionada por el Congreso y si Mario Abdo Benítez le pone el broche final promulgando la ley y haciendo de la reserva forestal remanente un festín de buitres y chacales.
