Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, anunció que se debe hacer modificaciones a la ley 2051 de Contrataciones Públicas. Esto, para frenar los casos de licitaciones con irregularidades.
Setiz mencionó en la 650 AM, que en la ley, las sanciones para las empresas son de 3 meses y hasta 3 años de imposibilidad de poder trabajar con el Estado, en caso de comprobarse las irregularidades. Pero no existen sanciones para los accionistas.
“Esto, lo que produce es que estas personas refloten otras empresas de maletín y sigan siendo proveedoras del Estado como si nada sucedió”, expresó.
Con respecto a las irregularidades detectadas en la licitación de Salud con las empresas de Justo Ferreira, señaló que también están desarrollando una investigación paralela.
En casi 80 días de cuarentena, fueron varios los casos de irregularidades comprobadas en licitaciones públicas. Las primeras involucraron a la Dinac con compras de mascarillas sobrefacturadas, luego, el mismo hecho lo protagonizó la Petropar, cuestiones que culminaron con las salidas de sus respectivos titulares.
La última irregularidad fue la de Salud por una licitación por US$ 12,5 millones de dólares, del cual ya se pagó US$ 2,5 millones en concepto de adelanto por insumos que no tienen las garantías ni especificaciones requeridas.
