Tras casi 6 horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados decidió (por 47 votos) suspender sin goce de sueldo, por 60 días, a la diputada liberal Celeste Amarilla por sus expresiones vertidas en el recinto parlamentario en las que afirmó que al menos 60 o 70 de los congresistas ingresaron con dinero sucio.
El proyecto de resolución fue aprobado y avanzó la sanción de la parlamentaria gracias a que en la Cámara Baja los colorados son mayoría y al parecer se habrían tomado por aludidos por las declaraciones hechas por Amarilla.
Al inicio de la sesión ordinaria, el diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR- Cartista) dijo que junto a otros de sus colegas presentó un proyecto de resolución en la que solicitaba la sanción a la mencionada legisladora por insultar a sus colegas en reiteradas ocasiones y se abrió un debate libre respecto al tema.
En ese debate que duró varias horas en la que los diferentes diputados sentaron una postura sobre la sanción, algunos señalando que el proyecto buscaba censurar y que dejaría un precedente nefasto para el futuro de la cámara, mientras que otros, mayoría del Partido Colorado, hablaron de sistemáticas acusaciones que generan una situación muy incómoda y en la que resultan “severamente manchados absolutamente todos”.
A esto, el diputado Núñez dijo que no se trataba de censurar a la legisladora en cuestión, sino que la decisión responde a continuos y repetitivos actos en donde la diputada Amarilla denigra a sus colegas e, incluso, a funcionarios de la institución.
“Se equivocan los que dicen que esto es censura. El Código de Ética de la Cámara de Diputados, es claro, el artículo ocho habla de dignidad y decoro; y pregunto cuántas veces ella no denigró a colegas y hasta a funcionarios. Además, el artículo 26 señala las ofensas físicas u ofensas morales; y la diputada le ha ofendido a casi todos. Me reafirmo en la propuesta de suspensión por 60 días”, manifestó.
Después, estando aún en el debate libre pasó a tratarse el proyecto sin previa defensa de la diputada Amarilla, quien luego pidió que se abra un sumario y nombró como defensores a sus colegas y abogados Rodrigo Blanco (PLRA) y Kattya González (PEN).
“Pido disculpas a mis correligionarios y los demás diputados, a los que hoy he puesto en la posición de tener que defenderme. Tengo un paradigma que no debe ofender a nadie. Entiendo mis derechos y mis obligaciones; lo de los fueros, las inmunidades; pero el fuero no es para pedir favores. Desde el año 2014 hay una lista denunciada, que debía ser investigada y la Fiscalía no investigó, no imputó. Era sobre parlamentarios vinculados al narcotráfico”, expresó.
Después en medio de las discusiones y cuestionamiento, el presidente de la Cámara, Pedro Alliana (ANR), decidió poner a votación si se trataba el proyecto de resolución o se concedía a Amarilla el pedido de un previo sumario y posterior derecho a defensa.
Ante esto, la diputada liberal pidió dejar la sesión a todos los que estuvieren en contra de la medida, y finalmente, las bancadas opositoras abandonaron y se dio vía libre al ingreso del proyecto y después se procedió a la votación por la sanción y que fue aprobada por un total de 47 votos.
VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
Tras la aprobación de la sanción, el partido Patria Querida emitió un comunicado en donde denuncian la flagrante violación de la Constitución Nacional cometida por una mayoría coyuntural y circunstancial en la Cámara Baja.
Señalaron que el artículo 17,26 y 190, y concordantes, de la Constitución no están de adorno y que calificaban de nulo todo lo actuado por la mayoría coyuntura de la Cámara de Diputados.
Por su parte, la multibancada del tercer espacio también rechazaron la sanción impuesta a Amarilla y aseguraron que consideran como un nefasto antecedente de censura selectiva de parte de la “mayoría coyuntura e hipócrita, en el Congreso Nacional”.
Mencionaron que la libertad de opinión de los congresistas está protegida constitucionalmente desde 18700 y en pleno siglo XXI, se cercenó el derecho más importante que es la expresión crítica a cualquier autoridad.
«Nos quieren callar, pero no lo vamos a permitir. Este atropello anti democrático no va a silenciarnos, las denuncias van a ser cada día más fuertes, porque el compromiso de una sólida oposición contralora colabora con el equilibrio y la transparencia en la gestión pública», afirman un comunicado difundido.
