A menudo, el ámbito penitenciario se presenta como un espacio de difícil intervención para la educación social, ya sea por las condiciones institucionales, la supuesta falta de voluntad o la demanda por parte de las personas privadas de libertad.
La abogada Michi Moragas comentó que, teóricamente y conforme lo que dice la Constitución Nacional, la privación de libertad tiene como pilar fundamental la readaptación de la persona para vivir en sociedad.
Sin embargo, sostuvo que es una realidad que no está presente en el sistema de nuestro país, pues la reinserción no es posible en las condiciones en las que están las cárceles.
“Las cárceles son un depósito humano, quienes se reinsertan confirman la regla porque lo hacen por voluntad propia, reciben ayudas puntuales, apoyo de su familia, pero no porque hay una política real. Se dice que son las universidades del crimen, el Estado no está haciendo casi nada para que la gente se reinserte”, afirmó.
Agregó que hay una mirada estigmatizadora sobre la persona una vez que sale de la cárcel, y en base, se sustenta en que esas condiciones humanas no están logrando que la gente tenga un mínimo de condición digna para pensar en otro proyecto de vida.
“Hay una situación de super hacinamiento, ni siquiera pueden darle de comer a los presos y presas. Tendrían que existir trabajadores sociales que puedan explorar la potencialidades de la gente, saber qué quieren estudiar, qué habilidades tienen, la gente sale peor de la cárcel porque viven en condiciones poco dignas, sin hablar de la mafia en los penales”, apuntó la abogada.
LOS OBSTÁCULOS
El caso de Richard “La Pantera” Moray, quien recientemente fue detenido y acusado por un asalto callejero, volvió a resonar luego de que la estrella de boxeo alegara haber perpetrado el hecho porque fue abandonado por quienes le prometieron estar ahí para él.
“Lo que yo haya hecho, Dios sabe que mi intención no fue lastimar a nadie, ni tampoco perjudicar a nadie. Yo tengo una mamá enferma, tiene una úlcera varicosa, tengo dos hijas, las cuales dijeron que les iban a dar y brindar muchísimas cosas, cuando me accidente desaparecieron”, lamentó.
Lo que recibió de Netflix por los derechos del documental sobre su vida, no lo pudo cobrar por estar preso, entonces realizó un intercambio para recuperar su libertad.
Ante este y otros casos, solo viene una pregunta a la mente: ¿las autoridades están creando las condiciones mínimas para que una vez que las personas sean libres puedan llevar una vida digna? Alejandra Mendoza, directora de Bienestar y Reinserción Social del Ministerio de Justicia, dijo que el principal obstáculo al que se enfrentan es el presupuesto.
“No tenemos un presupuesto asignado para lo que es reinserción social. El Ministerio de Justicia tiene uno de los presupuestos más bajos a nivel país y no alcanza. Todo lo que hacemos es en alianza con instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil, aliándose con instituciones. Si no trabajamos todos juntos para poder reinsertarles en la sociedad, desde adentro, como parte de ese tratamiento penitenciario integral, obviamente una vez que salgan va a ser un fracaso, no lograríamos el resultado que buscamos todos”, acotó.
Expuso que en ocasiones no son segundas oportunidades, sino primeras, ya que algunos antes de ingresar al sistema penitenciario no tuvieron la oportunidad de estudiar, trabajar, ver la vida desde otra manera.
“Muchas de las personas se encuentran con las puertas cerradas, ya que así como es difícil conseguir trabajo, es el doble de complicando obtenerlo teniendo antecedentes penales, por eso insistimos en hacer un trabajo de sensibilización para que podamos tener una sociedad preparada para recibirles y que puedan aportar a este proceso dando oportunidades”, mencionó Mendoza.
LOS PROGRAMAS DE AYUDA
La directora de Bienestar y Reinserción Social mencionó que la educación y el trabajo son las bases fundamentales del tratamiento penitenciario integral, las herramientas principales que les van a permitir a las personas privadas de libertad cuando ingresan al sistema salir adelante y enfrentar la vida en libertad de una manera diferente.
En cuanto a la educación en contexto de encierro, afirmó que tienen un programa con el Ministerio de Educación y los 15 centros penitenciarios tienen educación básica bilingüe obligatoria, educación media en 7 establecimientos, y la idea es ir aumentando la cantidad de establecimiento donde se implementa el programa en los próximos años.
En 2015 el Buen Pastor llegó a tener educación media, con el pasar de los años se aumenta el número, en dependencia de los recursos como docentes y demás. Actualmente hay 4 carreras universitarias instaladas en penales, Derecho y Psicóloga en el Buen Pastor por la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD), y en Tacumbú están disponibles las carreras de Psicología Social y Contabilidad, por la Universidad Metropolitana de Asunción (UMA).
“Empezamos a reunirnos con universidades del interior, ya que anteriormente la oferta de programas estaba muy concentrada en Asunción, y el interior estaba olvidado, especialmente el Norte. Por la pandemia no pudimos empezar a instalar las carreras universitarias, pero sí las universidades nos recibieron con los brazos abiertos y están interesados en impartir las clases en los centros de manera presencial”.
Por otro lado, existen programas educativos complementarios que los vamos realizando por un periodo determinado de tiempo en alianza con organizaciones de la sociedad civil, con embajadas, etc.
Por ejemplo, 20 mujeres privadas de libertad del buen pastor están estudiando inglés gracias a una alianza con el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), la Embajada Americana, el proyecto Corazón Libre, reciben clases 3 veces a la semana con profesores voluntarios durante 6 meses y la idea es que continúe.
EN LO LABORAL
Con el objetivo de potenciar las actividades laborales, existe un programa de capacitación y formación profesional en alianza con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).
Recordó que la Cruz Roja Internacional estuvo a lo largo de 11 años instalada en el Buen Pastor con el programa Kuña Katupyry, donde se capacitaban a las mujeres en artesanía y luego recibían el carnet del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).
“Ofrecemos al sector privado que puedan instalarse en los penales como empresas y con sus fábricas. Una de ellas es Andrea Maria, que desde diciembre instaló el taller de costura en el Buen Pastor y 7 mujeres trabajan ahí. Además se ofrece la tercerización de la mano de obra, como la empresa de juguetes Moirũ que emplea a hombres privados de libertad, les entregan los materiales y sacan afuera sus productos. La idea es ir generando más alianzas”, destacó Mendoza.
Asimismo, están fortaleciendo los talleres laborales, pues ocurría que la inversión en esta área fue muy limitada con el transcurso de los años. Las máquinas eran de los propios internos y si una persona salía en libertad las llevaba y el penal se quedaba sin las herramientas para seguir trabajando.
“Estamos trabajando en la formalización del trabajo penitenciario, como también en la mejora continua de los procedimientos como ministerio y sacamos un procedimiento que permite solicitar, autorizar y registrar a través de planillas de asistencia las actividades laborales que quieran realizar, para obtener los beneficios penitenciarios contemplados en el código de ejecución penal como la redención. Apoyamos a los trabajadores independientes”, acotó.
Finalmente, relató que en agosto lanzaron su página web “Latente” para apoyar a las personas privadas de libertad y que toda la sociedad puede ver los productos que se elaboran en las cárceles y luego puedan ser comercializados.
