Por: Alfredo Schramm
Empleados de la estatal Cañas Paraguayas S.A. (Capasa) se manifestaron denunciando una crisis financiera que mantiene a la empresa con salarios atrasados por 3 meses. Los trabajadores aseguran que la situación es insostenible para sus familias ya que tampoco tienen acceso a cobertura médica por retrasos en pagos al Instituto de Previsión Social (IPS).
Los sindicatos exigen al Gobierno una solución urgente, ya sea mediante un auxilio financiero o la liquidación definitiva de la empresa pública. Sostienen que la falta de gestión y el abandono institucional llevaron a Capasa al colapso, afectando no solo a los empleados, sino también a la producción nacional de caña y al cumplimiento de los compromisos con proveedores y comunidades locales.
La designación de Manuel Chávez en junio de este año se dio con el objetivo de «ordenar y salvar» la institución, que arrastra un déficit financiero. Al asumir el cargo, Chávez anunció una auditoría detallada de la empresa.
Chávez atribuyó la crisis a la gestión de su antecesor, José Ocampos, acusándolo de dejar deudas millonarias con proveedores, salarios impagos y contratos irregulares.
Durante la gestión de Ocampos, se detectó la ausencia de balances mensuales que impiden rastrear unos G. 1.500 millones cobrados a una empresa privada.
Además de contratos con cláusulas leoninas con distribuidores que contenían condiciones desventajosas para la empresa.
Capasa registra pérdidas desde hace al menos 30 años, las cuales se han acumulado por demandas, embargos y falta de pago a proveedores. Otras empresas estatales como Copaco se encuentran en las mismas condiciones con fuerte déficit y atrasos en salarios.
Periodista Senior