Una criminal regulada se vive en Asunción y alrededores luego de que los empresarios del transporte público decidieran operan solamente con hasta un 40% de sus flotas, lo cual hace que los usuarios tengan que viajar hacinados en los ómnibus exponiéndose claramente al contagio de Covid-19. Una situación que dejó al desnudo la ausencia total del Gobierno.
Desde el Viceministerio de Transporte se limitaron a decir que pretenden proporcionar colectivos de la Patrulla Caminera y, en caso que sea necesario, se utilizarán los vehículos militares, lo cual claramente no será suficiente.
Los buses saldrán desde las 5:30 desde la Academil, ubicada en la ciudad de Capiatá y recorrerá Mariscal López hasta Colón, Eusebio Ayala hasta Colón. El último bus saldrá de Asunción a las 20:30 por el mismo itinerario.
“Los vehículos de las Fuerzas Armadas saldrían desde esta mañana. También identificaremos los corredores afectados”, dijo el viceministro Pedro Britos. El representante del Gobierno prometió una conferencia de prensa ayer pero finalmente no se animó a dar la cara.
Britos aseguró que un 40% de las empresas del segmento están prácticamente en la quiebra y que 16 empresas explotadoras del servicio de transporte público de pasajeros en Área Metropolitana fueron multadas por reguladas en sus frecuencias de buses. Entre las empresas de colectivos que fueron sancionadas se encuentran las que explotan las líneas 15-4, 29, 46, 102, 101, 99 y 20, por citar algunas.
La multa por cada caso de incumplimiento de frecuencia es de 45 jornales legales mínimos. En el Área Metropolitana solo cuentan con 14 fiscalizadores para realizar verificaciones aleatorias de las frecuencias.
Recordemos que la semana pasada se tenía previsto un paro de buses de 48 horas, pero finalmente se desactivó luego de un diálogo con el sector privado.
A esto se le debe sumar el millonario subsidio que anualmente el Estado otorga a los empresarios. Si tomamos como referencia los datos del Ministerio de Hacienda, por ejemplo en el 2018 recibieron G. 32.518 millones. En el 2019, G. 56.937 millones, mientras que el año pasado se les destinó G. 59.821 millones.
PROYECTO
Recordemos que hay un proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, que autoriza la operación excepcional y temporal de vehículos especiales para la prestación del servicio transporte de público terrestre de pasajeros ante estos casos que está en manos del Ejecutivo.
El principal objetivo es que puedan operar en esta situación los ómnibus, minibus, minivan, furgonetas, transportes escolares y turismo especial interurbano.
“Las autoridades de aplicación serán del MOPC, a través del Viceministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Transporte, a otorgar permisos y habilitación especial de manera excepcional y temporal en caso de emergencia sanitaria, catástrofes y cualquier otra circunstancia extraordinaria, que ponga en peligro la prestación normal del transporte público de pasajeros”, expresa parte del planteamiento.
