La emergencia sanitaria genera a diario un aluvión de noticas locales e internacionales, sobre las cifras y hallazgos relacionados con la enfermedad que genera el virus. Como en el Paraguay la enfermedad no ha tenido un avance significativo, hay una variedad de noticias entre las que se destacan las relacionadas con compras públicas para la adquisición de los insumos para enfrentar la emergencia.
Lo que llama a atención del público tiene que ver con lo que no se compró, los primeros insumos aguardados con expectativa en plena cuarentena estricta.
De esta manera, la compra fallida se convirtió hasta ahora en la noticia más relevante de la emergencia sanitaria.
La cuestión se manejó con poco rigor técnico y se evidenció el poco conocimiento de la ley que rige la materia; sucede que las compras públicas tienen un entramado legal complejo debido a su vinculación con las normas del Presupuesto General de Gastos de la Nación, la ley de Administración Financiera del Estado y principios del Derecho Administrativo.
En este sentido se expresaron algunas voces de participantes de las discusiones virtuales llevadas a cabo en el contexto de la reforma de la ley de contrataciones públicas, en ocasión de la reunión con especialistas.
Millones de paraguayos dependen de lo que el Estado compra para satisfacer sus necesidades, desde medicamentos, comida y hasta agua potable.
El nivel de dependencia de esta actividad estatal –contratación pública- obliga encarar el trabajo de la reforma, desde el aspecto de empoderar a la ciudadanía con conocimientos adecuados de la ley, más aun cuando se evidenció la tremenda influencia de sectores de poder económico capaces de imponer al sistema “sus” criterios.
