Paraguay se comprometió a defender a los niños y promover políticas que eviten la participación de niños en conflictos armados, sin embargo al momento de acciones militares las terminan tratando como criminales, y no como víctimas cuando el reclutamiento forzoso es un crimen según los protocolos de Naciones Unidas ratificados por el país.
No es la primera vez que un adolescente muere durante enfrentamientos entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y bandas armadas, sean estos Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Agrupación Campesina Armada (ACA) o Ejército del Mariscal López (EML), sin embargo estos nuevos casos traen a colación una realidad, la desidia en materia de políticas pública para evitar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados estatales o no estatales.
El 19 de septiembre del 2014 en Arroyito la FTC llegó hasta el campamento de la ACA y allí murieron tres miembros de la organización criminal, entre ellos el adolescente de 15 años Andrés Fernández López. Antes de ayer, en Yby Yaú tras llegar a la guarida del Primer Anillo del EPP, fueron muertas dos jóvenes, una de ellas sería adolescente y supuestamente hija de Magna María Meza Martínez y Osvaldo Daniel Villalba Ayala, alias comandante Javier González.
Un elemento importante al analizar lo ocurrido, por más que el presidente de la República Mario Abdo Benítez haya catalogado como exitoso el operativo, es que Paraguay como Estado aprobó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y también el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relacionado a la participación de niños en los conflictos armados.
La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) hace más de 10 años viene denunciando esta situación, donde menores de 18 años son llevados por sus familiares para convertirlos en combatientes, sin embargo no existe una reacción para salvaguardar los derechos del niño.
La experiencia de países como Colombia, Ruanda, Afganistán, Uganda y otros evidencia que cuando aparece un grupo armado irregular en el país se empiezan a reclutar adolescentes para distintos fines.
“Esto es prácticamente de manual que haya reclutamiento forzoso de menores de edad que todavía no tienen toda la voluntad para tomar decisiones sobre sus vidas y acciones, por lo cual el mecanismo de atención que tiene que tener el Estado es un de mecanismo de protección, que se tienen que activar para protegerlos a los adolescentes”, comentó Aníbal Cabrera de CDIA.
El 28 de noviembre del 2018 el entonces ministro del Interior y hoy secretario General del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor denunciaba que el EPP reclutaba menores de edad para cometer crímenes, denunciando el hecho públicamente tras un hecho de fusilamiento.
Pero qué es lo que ocurre cuando aparecen estas situaciones, el Estado no actúa como protector, sino que reciben el mismo trato que les dan a los mayores, se los fusila, se los procesa por los mismos hechos punibles que a los mayores, y se los excluye. Incluso, CDIA cuestiona que el crimen de reclutamiento forzoso no se encuentra tipificado por el marco legal nacional.
ABANDONO
Aníbal Cabrera recordó el relato de una adolescente que había sido capturada por la FTC tras aparecer en fotos y vídeos con demás miembros del grupo armado.
“Yo vivía con mi abuelo en el campo y me iba a la escuela, pero mi abuelo falleció y ya no tenía con quien quedarme, no tenía quien me dé de comer, entonces vino mi primo del monte a buscarme y me fui con él(al grupo)”, fue el relato de la adolescente.
Ella estaba escolarizada, pero la escuela no identificó más su ausencia, tampoco se alertó su desaparición en las demás instituciones, como la Codeni, o el Ministerio de la Niñez y Adolescencia. No se activaron las alarmas.
Existen varios ejemplos de adolescentes reclutados, como el Bernardo “Coco” Bernal Maíz (abatido), quien supuestamente a los 16 años fue uno de los vigías durante el secuestro de Fidel Zavala y cuya primera foto publicada de él se dio cuando era adolescente, y que ingresó al grupo de la mano de su hermano mayor, Antonio (abatido), que luego reclutó a sus otros hermanos adolescentes como Feliciano y Hugo.
También recordamos el caso de Lourdes Teresita y Alejandro Antonio Ramos Ramírez que en el 2013, cuando tenían 13 y 14 años fueron reclutados por su padre, Alejandro Ramos Morel, ex EPP y hoy líder del EML.
El caso de Lucio Silva, cuya cédula se encontró en el campamento, que reclutó a sus hijos Claudelino (abatido), Samuel y Jorgelina Silva Cáceres para que integren el EPP. Los últimos supuestamente tenían 18 y 17 años cuando entraron al ala armada.
O el caso de las hermanas de Albino y Alfredo Jara Larrea, que a los 20 años lideró el ex Segundo Cuerpo del EPP, reclutando a todas sus hermanas adolescentes, Leticia (abatida) y Zulma.
NO REACCIONAN
Ante los reclutamientos forzosos no se activaron ninguna de las alarmas, mientras el mismo Estado sigue tratando como criminales a niños, niñas y adolescentes reclutados sin tener mecanismos de protección.
“Es trágico que el Gobierno salga a celebrar la cacería de adolescentes. Es mucha la inversión en la FTC cada año para que el resultado termine siendo el sicariato de dos adolescentes”, dijo Aníbal Cabrera, quien aclaró que no defienden a grupos criminales.
“Acá el Estado es el garante final de todos los derechos. La Constitución en el artículo 54 menciona que la familia, la sociedad y el Estado van a proteger a los niños. Entonces, si la familia falla para a la sociedad, y si la comunidad no puede pasa la responsabilidad de protección al Estado”, remarcó el representante de CDIA, quien cuestionó que el Gobierno finalmente debe buscar los mecanismos de protección para los adolescentes del Norte.
