Desde ayer, 9 de marzo, la capital y otros puntos del país se encuentran abarrotados de diversos reclamos sociales, que suenan buscando respuestas ante la crisis económica y social que atraviesa el Paraguay.
La Federación Nacional Campesina (FNC) tomó la posta e inició ayer una “lucha prolongada” para exigir, entre diversos reclamos, la derogación de la ley Zavala-Riera, que establece penas de hasta 10 años de cárcel para quienes “invadan” propiedades privadas y “criminaliza la lucha por la tierra”.
La modificación de la normativa surgió en la Cámara de Senadores en agosto del año pasado bajo el argumento del “respeto a la propiedad privada” y la casi nula capacidad de la Policía de hacer frente a las invasiones.
A partir de su implementación, se incrementaron los desalojos a comunidades campesinas e indígenas, dejando a miles de familias sin hogar, denunciaron desde la FNC.
“Además de la derogación, exigimos la legalización de los asentamientos campesinos, indígenas y urbanos. También, una política de apoyo a la producción nacional, que prácticamente se perdió por la crisis climática. Exigimos el juicio político a la Fiscal General del Estado debido a que representa la criminalización de la lucha social en nuestro país. El último eje es que se respete la soberanía paraguaya en Itaipú, de cara a las negociaciones del 2023”, explicó Marcial Gómez, Secretario Adjunto de la FNC.
Campesinos y organizaciones afines están concentrados en Asunción desde ayer en la Plaza O’Leary y no cesarán sus protestas hasta obtener respuestas por parte del Gobierno.
CONTRA LA SUBA DEL COMBUSTIBLE
Diferentes gremios relacionados al transporte como, por ejemplo, el Sindicato de Deliverys en Moto empiezan hoy un “paro nacional” contra la suba “indiscriminada” de combustibles.
“Somos un rubro que directamente depende del precio del combustible. El precio actual del combustible está ‘hambreando’ a los compañeros y es muy injusto que nosotros trabajando hasta incluso entre 12 y 14 horas diarias no nos esté alcanzando el dinero por estar pagando un combustible. Antes nos consumía de 10 a 11% de nuestros ingresos, ahora el gasto por combustible nos está consumiendo casi 40%”, relató Federico Ferreira, presidente del Sindicato de Deliverys en Moto.
Las organizaciones de trabajadores relacionadas al rubro del transporte harán un recorrido por la Costanera de Asunción y sus alrededores con el propósito de dirigirse posteriormente al Parlamento. En dicha sede, los trabajadores entregarán una nota dirigida al Presidente del Congreso, solicitando su intermediación ante Maria Abdo Benítez por la problemática de los combustibles.
“El Impuesto Selectivo al Consumo deben bajarlo a cero, sería una solución gubernamental, una medida de urgencia. Aparentemente no hay nada que hacer en relación al precio internacional, que se da por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pero eliminando dicho tributo se podrá sostener el precio”, argumentó.
Ferreira agregó que “en nuestro rubro te sobra un 40.000 o 50.000 al día con los precios actuales. Por eso, queremos que la ciudadanía también se pliegue. La suba del combustible tiene un efecto dominó, que impacta directamente en los productos de la canasta básica”, concluyó.
