En total son trece las causales de falta de inacción, impunidad e inclusive, presunta complicidad por parte del Ministerio Público sobre delitos graves que no fueron esclarecidos. Uno es el factor común, todos los casos tienen alguna conexión directa e indirecta con el expresidente de la República, Horacio Cartes.
La fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, asumió el cargo en marzo del 2018 convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar este cargo. Lo hacía gracias al respaldo político que había recibido por parte de los legisladores – en ese entonces oficialista- que acompañaban la propuesta del ex presidente de la República, Horacio Cartes.
Ese respaldo, sin embargo, significó un duro golpe a la independencia del Ministerio Público pues, desde entonces todos los casos de lavado de dinero, crímenes, delitos o actos de corrupción que tuvieran alguna conexión con el cartismo no han quedado en la total y absoluta impunidad. En el extenso libelo acusatorio que será expuesto en la Cámara de Diputados, se detallan trece causales en particular con los que se argumenta que Quiñonez no cumplió con sus funciones.
No es la primera vez que se intenta llevar a juicio a la fiscal general y en todas las ocasiones fueron los legisladores del cartismo los que lograron “salvar” la situación. Los mismos dicen que todo se trata de una “persecución política” y que Quiñonez ha dado resultados de gestión.
Entre las causales más llamativas se pueden citar las siguientes:
Metrobús: hasta el momento no se ha identificado a los responsables directos e indirectos y menos aún, se ha tenido una condena por el fallido proyecto que significó millonarias pérdidas económicas para centenares de comercios. El proyecto fue impulsado por el ex ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, durante el Gobierno de Horacio Cartes. El daño al Estado se estima en US$ 30 millones
Caso Messer: también se cuestiona la inacción del Ministerio Público, a pesar de las conclusiones de la Comisión Bicameral que estudió los movimientos de lavado de dinero del empresario brasileño y los documentos relevantes que aportó la Seprelad. Además, durante el proceso saltó información desde el Brasil, que el ex presidente del Banco Amambay, Eduardo Campos, entregó US$ 600 mil en efectivo a la pareja de Messer en el hotel Sheraton, propiedad de Horacio Cartes. La Fiscalía tampoco abrió investigación sobre esto, pese a que los asesores legales del ex presidente reconocieron que el hecho existió.
Caso Zero Um: el libelo recuerda la vinculación criminal entre Roque Fabiano Silveira y Horacio Cartes, dispuesta por una serie de informes del Estado brasileño, que señala los motivos que hacen a la inundación de cigarrillos paraguayos en el mercado del vecino país. A pesar de que la Fiscalía había recibido informes de Seprelad en 2017 recién imputó en 2021 cuando el casó saltó a la luz pública.
Denuncia Giuzzio: el ex ministro del Interior presentó, conforme a datos públicos, las notables incongruencias que se evidencia en las declaraciones juradas del ex mandatario, Horacio Cartes, su participación en el sistema financiero como prestamista sin estar habilitado por el Banco Central y cómo está montando todo un esquema de contrabando de cigarrillos cuyos ingresos de origen ilegal posteriormente son lavados.
Trato preferencial a Cartes: el documento también recuerda cómo se relatan los casos de las inconsistencias en las Declaraciones Juradas por parte del ex senador Óscar González Daher y Danny Durand, quienes atravesaron un proceso con diligencias claras y bien establecidas (previa caída en desgracia de sus figuras políticas), y en el caso de Horacio Cartes, investigado en procesos escandalosos como los Pandora Papers o el Lava Jato, fueron recibidos con un tratamiento diferente por parte del Ministerio Público.
Asesinato de Rodrigo Quintana: el joven dirigente del PLRA nunca pudo ser esclarecido en su totalidad, pues nunca se pudo determinar quien dio la orden de atacar la sede partidaria en aquella fatídica madrugada del 1 de abril de 2017, tras los disturbios que se generaron cuando Horacio Cartes buscó forzar a la modificación de la Constitución para incorporar la reelección presidencial.
Impunidad para los amigos: también se acusa de una total inacción para investigar a autoridades de gobiernos municipales y gobernaciones afines al sector cartista. Como ejemplo se cita al supuesto desvío de fondos del gobernador de Central, Hugo Javier, la supuesta sobrefacturación en la compra de insumos de limpieza “detergentes de oro” por parte de Óscar Rodríguez, intendente de Asunción.
Esto sin dejar de recordar el caso de la ESSAP sobre lesión confianza, donde el ex presidente, Omar Ludovico, además de otros 34 funcionarios, fueron sorpresivamente sobreseídos de una causa de perjuicio patrimonial por más de G. 17 mil millones, el caso EMPO, la fiscala Stella Mary Cano solicitó el sobreseimiento del actual intendente de Asunción, demostrando la alevosía con la que esta institución actualmente protege a los allegados de su titular.
También el documento recuerda las denuncias a los respectivos ministros del MAG, Jorge Gattini y Juan Carlos Baruja, además de la mega incautación de cigarrillos donde fueron incautados siete puertos clandestinos que disponían en su haber de cigarrillos producidos por Tabesa.
