SENAD debe aclarar quien filtró escuchas dictadas por un juez
Los efectos desatados por la difusión de grabaciones de conversaciones privadas nos llevan a examinar los hechos a los que han dado lugar. El escenario es complejo pero muy interesante. El diputado que renunció a su banca alegó estar sufriendo estrés y también soportar presiones políticas. Sin embargo, alegó en su defensa que no existen argumentos jurídicos que prueben su supuesta participación en redes de narcotráfico y que la voz que se registra el audio difundido en redes y medios de comunicación no es la suya. En suma, que no hay evidencia que justifique la prisión preventiva a la que está sometido hoy. Hasta ahí vemos una línea de defensa típica, es decir, la negación de los hechos.
En 2018, el juez Gustavo Amarilla emitió una orden de escucha de las conversaciones telefónicas mantenidas por el hoy exdiputado Juan Carlos Ozorio. La intervención se hizo a pedido de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) que debió basarse en tres supuestos que le otorgan validez probatoria a una escucha telefónica: que la medida esté respaldada legalmente; que se haga en defensa de la seguridad nacional o pública, el bienestar económico del país, la salud, la moral, etc.; y que la medida sea estrictamente necesaria para asegurar el éxito en la investigación, guardando además el principio de proporcionalidad. Al ordenarse judicialmente la intervención, queda claro que el magistrado tuvo en cuenta todos esos prerrequisitos. Además, el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado son delitos abarcados por ese tipo de medidas judiciales.
Al solicitar judicialmente la escucha telefónica, la SENAD quedó obligada a individualizar al funcionario encargado de intervenir técnicamente las comunicaciones. Este paso es imprescindible a fin de tener clara la cadena de custodia de las pruebas recogidas por esa vía. Las filtraciones de audios evidencian una violación de esa cadena de custodia y el material recogido corre el riesgo de ser impugnado por la defensa.
No sería la primera vez que la inconducta de un funcionario público termina enterrando un proceso judicial y blanqueando al procesado. La pelota está ahora en la cancha de la SENAD, que debe aclarar quien filtró la grabación y la responsabilidad que pueda caber a la secretaría en semejante acto de deslealtad. Y si no fue la SENAD, qué otro agujero del Estado sería el responsable.
