En pocos más de cuatro meses, las compras públicas han sido noticias durante la cuarentena. Y no precisamente por la calidad o eficacia. En estos más de 120 días, se han detectado una gran cantidad de licitaciones irregulares con un acentuado perjuicio patrimonial para el Estado.
Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas (DNCP), explicó que la falta de madurez del sistema sumado a un contexto que propicia las irregularidades a través de las compras de emergencia, desembocaron en esta serie de irregularidades.
Justamente debido a esta situación, la dirección decidió organizar una serie de reuniones virtuales con los representantes de diversos estamentos sociales. Esto, con el fin de recopilar ideas y establecer una serie de cambios a ley de contrataciones que permitan hacer controles más efectivos.
“El pasado 15 de junio iniciamos una serie de 18 talleres que ya la concluimos. El resultado fue un informe compuesto de 12 capítulos con cambios a corto y largo plazo para el sistema”, explicó Seitz en entrevista con 5días TV.
DIVERSIDAD
En otro momento, el entrevistado explicó sobre los problemas que se generan al contar con 460 unidades de contrataciones en todo el país, pertenecientes a varios entes públicos. Es decir, una compra más centralizada permitirá mejores controles del cómo se utiliza el dinero público.
“Existen mecanismos para centralizar las compras. Como la tienda virtual. Una herramienta muy exitosa en procesos de contratación, que de igual manera permite a cada ente elegir qué y cuanto comprar. Así también hay otras herramientas más complejas como las compras conjuntas”, explicó.
En cuanto a números, la DNCP debe procesar un total de 13.000 procesos licitatorios al año. Esto equivale a unos US$ 4000 millones (G. 27.000 millones).
INVESTIGACIONES
Con respecto a las investigaciones en lo relacionado a Petropar y un supuesto direccionamiento en una adquisición de seguros, señaló que solicitaron al ente público la explicación del por qué solo permiten a empresas con calificación “doble A” poder postularse. Una vez tengan la respuesta la próxima semana, decidirán si cancelan la licitación o la mantienen.
En cuanto a los casos de Imedic y Eurotec, explicó que los resultados del sumario se darán esta semana y que la sanción en el hipotético caso de que la hubiera, será un apercibimiento (advertencia de no volver a cometer el hecho), o una sanción de entre tres meses a tres años de imposibilidad de que dichas firmas trabajen con el Estado. Sin embargo, castigos para los accionistas no establece la ley.
“La ley no establece sanciones a los proveedores. Por ello estamos trabajando en cambios mediante el debate previo con la ciudadanía”, culminó.
