En momentos de intensa discusión-y negociación- del presupuesto 2022, la danza de pedidos en los pasillos del legislativo genera hasta espanto con los cambios que plantean algunos sectores. Ya es costumbre escuchar anuncios de huelgas indefinidas, paro de funcionarios y manifestaciones en Asunción de trabajadores públicos pidiendo más dinero para cada una de sus instituciones, son moneda corriente al cierre de cada año.
Lo que para muchos era inesperado también se concreta: sacar fondos destinados a la formación en escuelas, colegios y universidades; y evidencia que las prioridades de desarrollo para el país no tienen el mismo enfoque para todos.
La justificación es un cambio de la forma en que se financian los programas, de una fuente asegurada a una muy variable y dependiente de la suerte de la recaudación de impuestos. Esto afecta directamente a programas relacionados a educación y becas en el exterior, y evidencia que lo primordial para algunos políticos es asegurar la continuidad de las estructuras que les son útiles ahora; la previsión para el mañana quedará para otras generaciones. Para ellos es más útil un sistema judicial proteccionista en lugar de un sistema educativo formador de los constructores del futuro del país.
Lo que alguna vez fueron fondos blindados finalmente tuvieron muy poca protección por parte de los que debían defenderlos. Ahora todo depende de que la recaudación tributaria en impuestos sea óptima y logre alcanzar las metas planificadas por Hacienda. Mientras tanto, todavía tenemos un país cuyo legislativo antepone el blindaje de fondos, pero de gastos corrientes en lugar de verdaderas inversiones a futuro como la educación y la primera infancia.
