“El MEC es el responsable de la crisis en educación”, “El sistema educativo quebró”, “La educación es un derecho no una mercancía”, fueron algunas de las consignas que se pudieron leer en los carteles de la movilización de universitarios y docentes que se llevó a cabo el día de ayer 23 de julio en diferentes lugares del país.
Asunción, Itapúa, Villa Rica, Santa Rosa, entre otros sitios, fueron los testigos de las protestas de universitarios de varias facultades, docentes de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica (OTEP-A), y la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES), quienes exigían respuestas ante la crisis que enfrenta la educación pública en el Paraguay.
A pesar de las restricciones salieron a hacer sus reclamos con la protección y el protocolo correspondiente. El secretario general adjunto de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica (OTEP-A), Juan Gabriel Espínola, comentó que el principal reclamo fue no más recortes a las becas y el establecimiento de arancel 0 para las universidades nacionales.
“La reivindicación nos parece justa no solo por la circunstancia de pandemia, sino que es necesario que se asuman políticas para que el acceso a la educación sea en igualdad de condiciones para todos y todas, y el Estado lo debe garantizar”, refirió.
Agregó que la situación por la que atraviesa la educación pública es consecuencia de la baja inversión que no supera el 3. 6 % del PIB destinado para ello.
“En la educación a distancia se puede visibilizar la falta de conectividad, la imposibilidad de acceso a equipos tecnológicos y la falta de capacitación y formación de los docentes, aun existiendo recursos”.
Afirmó que se puede constatar la gran irresponsabilidad de las administraciones tanto del Gobierno anterior como el actual en la no ejecución de un presupuesto de US$ 127 millones para la incorporación de las tecnologías del aprendizaje, donde uno de sus componentes era capacitar a 40.500 docentes y desde el 2015 a diciembre del 2019 se llegó a 8.000 profesionales.
“Plantearon su modificación para que se extienda al 2023, y el no desarrollo trajo consecuencias en la gran debilidad de la educación de modo virtual”, refirió Espínola.
Destacó que al volver a la educación presencial de manera segura y en base a la autorización de Salud Pública, las escuelas y los colegios deben estar acondicionados para que exista seguridad y condiciones de salubridad, y el personal de apoyo suficiente para mantener las instituciones educativas en las condiciones que requiere el combate al Covid-19.
“Esto requiere inversión y con lo que se proyecta de presupuesto para el 2021 no se está contemplando. Nuestro acompañamiento a la determinación de los estudiantes de alguna manera quiere visibilizar todas estas situaciones. Además, en los lugares donde no se tiene conectividad ni aparatos, se está llegando con los materiales físicos y eso significa una derogación importante del ingreso de los docentes porque ellos están costeando”.
Explicó que queda asumir el compromiso de estar en alerta y estado de movilización. “Estamos en tiempos de definición de presupuesto de parte del Poder Ejecutivo. El 31 de agosto debe remitir el proyecto de ley ante el Congreso, este desde el 1 de septiembre debe funcionar la llamada Bicameral de presupuesto para analizar el proyecto.
Sectorialmente, los docentes el martes 28 de julio, tenemos una determinación de parte del Ministerio de Hacienda a lo que significa el presupuesto de la educación. A pesar de la circunstancia queremos que se reconozcan a los docentes como profesionales con la asignación salarial correspondiente”.
Finalmente destacó la necesidad de asumir el compromiso con una nueva política de educación pública que sea considerada como derecho humano y granizada como política de Estado, una educación diferente donde se desarrolle conciencia y participación ciudadana.
