La Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) realizaron una conferencia de prensa en la mañana de ayer. En la ocasión, anunciaron que se solicitó al Ministerio Público intervenir a la Gobernación de Central administrada por Hugo Javier González.
El contexto es el siguiente; en octubre del año pasado, dicha gobernación recibió US$ 1 millón (casi G. 6400 millones) para mitigar el impacto de la pandemia en la región. El ente público a su vez destinó G. 5105 millones de esos recursos para contratar a una ONG de nombre Centro Integral de Apoyo (CIAP) en febrero pasado.
Los G. 1.276 millones restantes fueron al Consejo Regional de Salud. Las irregularidades solo se registran en la rendición de cuentas de la primera entrega.
Sin embargo, durante la rendición de cuentas, la Gobernación presentó unas facturas y la CIAP otras distintas para justificar los gastos. Esto da el puntapié para pensar que se malversaron los fondos según explicó Óscar Orué, subsecretario de la SET.
Ahora la fiscalía deberá ver los trabajos realizados, si los montos pagados se justifican a las obras y si las facturas corresponden a los trabajos realizados.
El Presidente y tesorero de la ONG fueron apuntados en la denuncia, pero no descartan a más responsables. La fiscalía deberá resolver si involucra a más personas.
Una hipótesis es que la ONG haya sido montada solamente para este negociado. Ahora el Ministerio Público también esclarecerá esta cuestión.
El hecho tomó estado público tras denuncias de empresas que figuran como contratadas por la ONG en cuestión para la realización de los trabajos. Alegan que facturas fueron clonadas y presentadas como rendición de cuentas.
DERROCHE DE RECURSOS
Julio Borba, ministro de Salud, en más de una ocasión, anunció que la cartera sanitaria posee un déficit de US$ 400 millones para llegar a fin de año. Es decir que los gastos superan a los ingresos en esa suma para cumplir con las obligaciones hasta fines de diciembre.
Debido a esta situación, ya no hay recursos para comprar vacunas, medicamentos para el tratamiento del Covid-19, pagar internaciones en el sector privado y tampoco para pagar salarios al personal de blanco.
Sin embargo, Hugo Javier González, con el asesor Miguel Robles (su mano derecha) probablemente derrocharon casi US$ 1 millón. Un fondo que debía destinarse a ayudar a la población afectada por la crisis económica. Queda por ver si la Fiscalía actúa de forma seria en esta cuestión, ya que Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado demostró ser funcional a Horacio Cartes, expresidente de la República, al igual que el mismo González. Los responsables se exponen a una pena privativa de libertad de 5 a 10 años.
TRABAJOS
Entre los supuestos trabajos realizados se destacan mejoras de aulas, comedores en instituciones educativas, reparaciones de capas asfálticas del municipio de Fernando de la Mora, construcción de baños sexados en la Asociación de Profesores de Villa Elisa, construcción de un muro de contención en San Antonio, un canal de desagüe pluvial en el barrio virgen de Fátima de San Lorenzo y aislación de terraza en el colegio Juan Pablo Segundo de San Antonio, entre otras obras más.
Esta situación nace a partir de hallazgos de inconsistencias ,constataciones de inexistentes locales comerciales que supuestamente proveyeron servicios. Se le pide a la Fiscalía profundizar estos indicios.
“La auditoría continua, aún no juzgamos si se realizó la prestación de servicios. Lo que hay es un cambio en la documentación ,la rendición de cuentas presentada a la Contraloría varía sustancialmente sobre lo que la ONG ha presentado. Se han cambiado las facturas que tenían inconvenientes”, explicó Orué.
Ahora queda definir cuánto se usó efectivamente y cuanto no. Los entes que denunciaron esta cuestión aún desconocen el posible daño patrimonial.
