Para un mejor trabajo coordinado en la aplicación de políticas que buscan preservar los recursos hídricos del país, el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) elaboró un informe que detalló el nivel de responsabilidad y compromiso asumido por las autoridades en la protección de dichas áreas a nivel nacional.
De acuerdo al abogado Federico Legal, gerente de proyectos de IDEA, con el informe se busca entablar un diálogo con las instituciones del Estado, todas aquellas que se encuentran relacionadas con la gestión y protección de los recursos hídricos en nuestro país.
“Aparte de la responsabilidad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), existen otras autoridades como los propios municipios que tienen competencia en materia hídrica”, expresó el vocero, haciendo referencia al nivel de compromiso que guardan diversas instituciones para el mantenimiento y protección de los recursos hídricos del territorio nacional.
Pese al deber existente por parte de cada autoridad en el país, Legal sentenció que no se vislumbra ninguna sinergia entre los diversos estamentos, así como tampoco se observa alguna coordinación para establecer bases necesarias y pertinentes para trabajar sobre las políticas de protección ya existentes.
En lugar de fijar un trabajo en conjunto, las instituciones se encuentran desligándose de sus responsabilidades, sin generar alguna respuesta o mecanismo de acción para la protección de los recursos hídricos.
Federico Legal y Natalia Gagliardone
EL INFORME
La idea central es saber si hay políticas públicas, planes o voluntad real para proteger los recursos hídricos como ríos, arroyos, lagos y humedales. Los datos encontrados están dispersos y a veces también desactualizados.
“A través de la presentación del informe notamos que una de las principales deficiencias en el país es que no está reglamentada la Ley de recursos hídricos, pese a que la misma se encuentra vigente desde el 2007; 14 años después, la misma sigue sin ser reglamentada”, indicó el abogado.
Prosiguió explicando que uno de los principales problemas generados debido a esa carencia legal, es que no se puedan cobrar las tasas por el aprovechamiento de los recursos hídricos. Actualmente son muchas las actividades productivas que utilizan y afectan determinados cuerpos de agua y no se cobra nada por ello ni se implementan alternativas o herramientas para proteger y conservar los recursos.
Por ello, Natalia Gagliardone, quien también conforma parte del estudio jurídico de IDEA, explicó que la metodología llevada a cabo por el equipo estuvo enfocada en 3 ejes: la solicitud a información jurídica a diversas instituciones del Estado, determinar solicitudes que ya se habían realizado con anterioridad y buscar informaciones activas de transparencia de las diversas instituciones involucradas.
“Como son varias las instituciones que se ven involucradas en el mantenimiento de los recursos hídricos, al final no existe una coordinación adecuada; se ven muchos programas y proyectos por parte las autoridades, pero no se ejecutan y tampoco se ve una centralización de los resultados, indicadores e impactos de estos trabajos”, aseveró Legal.
Para dar un ejemplo, el abogado mencionó que el restablecimiento de bosques para la protección de cauces hídricos compete al Instituto Forestal Nacional (Infona), que debe trabajar junto con el Mades y un municipio, pero en el informe de IDEA, se determinó que dicho trabajo conjunto no avanza o casi no existe.
De esta manera, queda fragmentada la responsabilidad y los esfuerzos que podrían llevar a cabo cada autoridad en la preservación de los recursos hídricos o también establecen una postura poco representativa en el contexto medioambiental en el país.
Por ello, las instituciones públicas deben trabajar de manera coordinada y no solo cumplir, sino también hacer cumplir las leyes de información, pues la mala o deficiente protección de los recursos hídricos exponen al país a efectos negativos del cambio climático, que afectará a todos, pero en especial a las personas en situación de vulnerabilidad.
