El próximo lunes 30 de noviembre vence el periodo de explotación del juego de la quiniela que posee desde el año 2014 Technologies Development of Paraguay (TDP), firma de Diego Wasmosy, hijo de Juan Carlos Wasmosy, expresidente de la República (1993-1998).
Sin embargo, el pasado 4 de octubre, la misma firma fue adjudicada nuevamente por la Comisión de Juegos de Azar (Conajzar) para la explotación del tradicional juego de azar por los siguientes cinco años (2020-2025).
Lo llamativo es que dicha firma reconoció que no está cumpliendo con la ley al no pagar los cánones por los premios no pagados. Sin embargo, a pesar de esto, la Conajzar vuelve a adjudicarla.
Jorge Querey, senador del Frente Guasu, adelantó que con sus asesores legales y políticos está trabajando en un proyecto de ley que buscará someter a la Conajzar a Contrataciones Públicas (DNCP). Con esto, dicha comisión, dejará de tener autonomía en los procesos licitatorios.
Algo similar ocurrió hace dos semanas con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), cuando la Cámara Baja aprobó que el proceso adjudicatorio para las constructoras de las viviendas sociales pasen también bajo intermediación de Contrataciones Públicas. Esto luego de las denuncias que existían direccionamientos y poca transparencia en la contratación de las empresas que debían construir las viviendas.
“Mario Abdo Benítez tiene la potestad de vetar esta resolución. Sin embargo, de igual manera, estamos en el estudio del proyecto de ley”, explicó.
En otro momento el legislador desmintió que esto pase por cuestiones políticas. Señaló que en conversación con varios legisladores sobre esta cuestión llegaron a la conclusión que solo existe una motivación económica donde gente con recursos busca la manera de evitar cumplir con pagos establecidos por la ley.
ES VIABLE
Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, adelantó que si bien los procesos licitaciones que ellos controlan son los que el Estado paga por un servicio en particular, y que esto es completamente lo contrario, de igual manera el proyecto puede realizarse. “Es viable y se puede producir a través de modificaciones legislativas”, explicó.
Destacó que el cambio puede dotar de mayor transparencia, objetividad en todo proceso licitatorio de la Conajzar.
SET
José Antonio Ortiz, titular de la Conajzar, respondió a las críticas hace un mes en una entrevista para 5días TV. En la ocasión señaló que debido a la ley de Hacienda de 1992, los controles del pago de estos impuestos deben ser realizados por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y no por ellos.
“En 1992, se establece que la Subsecretaría de Tributación (SET) que debe reemplazar a la Dirección de Impuestos Internos que era la encargada de cobrar los cánones”, fueron sus palabras textuales en aquella oportunidad.
Sin embargo, esto fue desmentido por Óscar Orué, ministro de la SET. El secretario de Estado destacó que si bien ellos tienen competencia sobre todos los impuestos, existen algunos especiales en los que no pueden hacer controles.
“Hay que ser claros, el que autoriza la explotación del juego es la Conajzar. La ley dice que un porcentaje sobre premios no pagados se tiene que pagar. La SET no maneja quienes son los que no cobraron los premios”, explicó.
Orué explicó también que en el propio Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del llamado se establece que la Conajzar debe exigir a la empresa adjudicada cuales fueron los aportes establecidos por la ley.
Consultado sobre la excusa de que la comisión no tiene la infraestructura para hacer los controles, Orué respondió que los integrantes del consejo de dicho ente deben informar la incapacidad para buscar una solución.
“Se nota que la persona que está ejerciendo el cargo de presidente de la Conajzar no conoce de derecho administrativo”, cuestionó.
PEDIDO DE SENADORES
Además de Querey, otros legisladores cuestionaron las irregularidades de la Conajzar. Entre ellos los liberales Salyn Buzarquis, Abel González, el mismo oficialista Martín Arévalo como otros senadores de Patria Querida y de Hagamos.
Arévalo adelantó que la Comisión de Legislación recibió un informe de la Conajzar ante estas múltiples denuncias. Sin embargo, la misma aún no ha sido estudiada.
Cabe recordar que Querey y Buzarquis pidieron a la Conajzar un informe sobre el destino de los premios no pagados. Mientras que el pedido de Arévalo fue para develar qué aspectos tuvo en cuenta dicha comisión para volver a otorgar la licencia a TDP SA.
INCUMPLIMIENTOS
Los incumplimientos de TDP SA son en concreto los relacionados al artículo 32 de la ley 431/73 «De pensiones a favor de los veteranos del Chaco». Y del artículo 19 de la ley 1016/97 «Del régimen para la explotación de los Juegos de Azar».
En la primera debe entregar un porcentaje de los premios no pagados a los héroes de guerra. Mientras que en la segunda, debe pagar cánones de forma anual en concepto de donación a entidades de beneficencia. En ambos casos los incumple desde el mismo año que recibió la adjudicación ante la inacción de la Conajzar.
Ante las críticas, la firma de Diego Wasmosy apeló a un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para no hacer los pagos. Sin embargo, el pasado 4 de octubre la misma Corte rechazó este pedido obligándolos a pagar las sumas de dinero ya citadas.
A pesar de esto, llamativamente, la Comisión de Juegos de Azar vuelve a otorgarles la explotación del juego.
Según datos que manejan los mismos legisladores, la explotación del juego de la quiniela generaría unos US$ 120 millones de forma anual. De esto, unos US$ 6 a 7 millones deben ser destinados en concepto de donaciones para el cumplimiento de los artículos ya citados previamente.
QUINIELEROS
Las irregularidades que protagonizó TDP SA no se basan solamente en las cuestiones económicas. Sino también existen denuncias en cuanto a las precariedades laborales que mantiene con los más de 5000 corredores de quiniela que existen en el país.
Por ejemplo, desde el mes de marzo, por decisión unilateral, la firma disminuyó el porcentaje de ganancias del 25% al 20%. Con esto, todos los corredores de quiniela del país perciben alrededor de G. 300.000 menos al mes.
Debido a esta situación los afectados vienen organizando una serie de manifestaciones. Una de las manifestantes es Magda Ortiz, corredora de quiniela, quien informó que además de la reducción de las ganancias, a todo quinielero adulto mayor que se manifieste, se le impide trabajar.
“Hay una persecución en contra de los compañeros que reclaman sus derechos. Hay quinieleros de 65 años que por su edad no les permiten trabajar. Sin embargo hay otros de más de 70 años que trabajan igual porque no se manifiestan”, explicó.
Además de esto, los mismos corredores deben pagar G. 56.000 de forma mensual en concepto de mantenimiento de máquinas. Sin embargo, denuncian que los mismos aparatos poseen desperfectos desde hace cinco años. Y que nunca fueron arreglados a pesar de los pedidos.
