El inicio de las campañas de vacunación en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe llevó esperanza a la región más desigual del mundo. Sin embargo, las empresas farmacéuticas han puesto en jaque la transparencia en las negociaciones sobre precios y contratos, lo que podría afectar al acceso universal a las vacunas.
Por otro lado, las autoridades de varios países no han tenido en cuenta a los grupos que están expuestos a un riesgo mayor en la pandemia o que son históricamente objeto de discriminación y han utilizado las vacunas para obtener créditos políticos o personales.
Por estas razones, Amnistía Internacional lanzó un nuevo informe titulado “Las vacunas en las Américas: Diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas”.
El documento señaló que de 17 solicitudes que hizo la organización para conocer contratos o datos específicos sobre cómo se han negociado las dosis, condiciones de la financiación pública, el precio fijado de cada dosis y el sistema de licencias acordado, solo siete países respondieron y no de forma completa.
Según Amnistía Internacional, en Paraguay, el plan nacional de vacunación reunió para su elaboración a un grupo de expertos compuesto íntegramente de funcionarios del Estado, sin ningún representante de comunidades afectadas de manera desproporcionada, grupos de defensa del paciente, el mundo académico ni organizaciones de la sociedad civil.
El informe acotó que varios gobiernos de la región parecen carecer de registros sólidos de su fuerza laboral sanitaria, y más aún del número de profesionales de la salud que han muerto de Covid-19. En nuestro país se encontró un registro público, pero con datos que presentaban considerables deficiencias en el desglose y que se actualizaban con poca frecuencia.
Es importante recordar que según las últimas estadísticas de 2018, Paraguay tenía 13.54 médicos por cada 10 mil personas y 16.60 enfermeras y parteras por cada 10 mil personas, cifras muy preocupantes.
Felipe Carvalho, coordinador de la Campaña de Acceso a medicamentos en Latinoamérica de Médicos sin Frontera, acotó que cuando no hay transparencia se permite que un país no sepa cuánto pagó al otro y negocie sin ninguna referencia, por eso el mecanismo Covax debe traer más claridad.
“Las empresas ponen cada vez más condiciones abusivas en cuanto a precios y plazos. Pocas empresas quieren controlar un mercado que no consiguen ni siquiera atender solas. En los países donde han sido establecidas las compras, las entregas tienen retraso, es un momento en el que necesitamos compartir conocimientos”, aclaró.
Por su parte, Madeleine Penman, investigadora regional de Amnistía Internacional Américas, expuso que los gobiernos deben hacer el máximo uso de los recursos públicos, es la era de la colaboración y la participación. “Desde Amnistía estaremos atentos a que el derecho a la salud sea el eje que guíe todo el proceso de vacunación”.
EL DERECHO A LA SALUD
El informe de Amnistía especificó que los Estados tienen la obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles a proteger el derecho a la salud.
En este sentido, se puede decir que el Congreso aprobó a mediados de diciembre de 2020 una reforma de la legislación nacional sobre vacunación que modificó varias disposiciones, en especial una para asegurar que el presupuesto de la nación incluía nuevas partidas presupuestarias con los recursos necesarios para garantizar la gratuidad.
Finalmente, y no menos importante, los Estados deben monitorear y regular toda iniciativa de las entidades privadas para garantizar que contribuyen a proporcionar un acceso justo a las vacunas y nadie elude el plan nacional de vacunación haciendo compras al margen de este marco.
“Si bien los agentes no estatales pueden colaborar con los Estados en aspectos de la prestación de los servicios vinculados a los planes nacionales de vacunación, esas entidades no deben tomar la iniciativa de la compra directa a los proveedores ni decisiones relativas al reparto de las vacunas”.
En Paraguay, las autoridades sanitarias anunciaron a finales de febrero que si el sector privado se adelanta a comprar las vacunas, el Estado tiene la potestad de asegurarse de que las autoridades las reclaman para garantizar que se destinan a las poblaciones más afectadas.
LAS RECOMENDACIONES
La organización pidió hacer públicos de inmediato los contratos y acuerdos firmados con empresas farmacéuticas, incluidos los detalles relativos al precio por dosis, las licencias y la duración de los contratos.
Además recomendó implementar políticas que garanticen la disponibilidad y calidad de las vacunas a todas las personas y elaborar planes nacionales de distribución de vacunación que sean accesibles, justos, inclusivos, de acuerdo con el derecho y las normas de derechos humanos.
Por otro lado, el documento exigió difundir con urgencia los planes nacionales de vacunación en diversos formatos y que se elaboren protocolos especializados para la campaña de vacunación en las poblaciones indígenas.
Otro aspecto importante es que el personal sanitario reciba un salario justo y trabaje en condiciones aceptables, necesarias para proteger su salud y seguridad, así como proporcionarles un entorno seguro y propicio para realizar su trabajo sin sufrir represalias, intimidación ni amenazas.
Finalmente, pidió a los Estados abstenerse de utilizar las vacunas para beneficios personales o políticos y administrar las vacunas gratuitamente en el lugar donde se prestan los servicios de salud y destinar a ello el máximo de los recursos disponibles.
