El MOPC pagó más G. 8.000 millones a una empresa para fiscalizar la obra que presenta deficiencias. Además, la constructora a cargo tiene un sin fin de licitaciones adjudicadas.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no se cansa de pagar millonarias fiscalizaciones a empresas, que a juzgar por las denuncias y los últimos acontecimientos, evidentemente no hacen bien su trabajo.
Ayer compartimos la situación del alcantarillado en la zona de Araújo Cué, departamento de Canindeyú, que presenta un preocupante deterioro en su estructura, sin siquiera ser habilitada completamente. Ahora ya piden informes sobre el alcantarillado en cuestión.
La Dirección de Caminos Vecinales solicitó un informe técnico al Consorcio TPF, encargado de la Fiscalización sobre la situación de la obra, el cual sería remitido al MOPC en los próximos días. Este consorcio está integrado por las firmas Getinsa Euroestudios S.L. y Tecma S.A.
De acuerdo con el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la gestión de Arnoldo Wiens, destinó más de G. 8.000 millones a Getinsa Euroestudios S.L. y Tecma S.A. para que realice el trabajo de fiscalización de la obra en cuestión.
Se trata de la pavimentación asfáltica del tramo que conecta a la colonia Araújo Cué con la ruta PY03 (ex Ruta 10 Las Residentas), en el departamento de Canindeyú y que contempla unos 30 km de extensión.
La preocupación de los pobladores de la zona no se hizo esperar y mediante contacto con medios de comunicación del lugar, cuestionaron la falencias que presenta la administración de turno. Alegan que hubo corrupción, lo cual afectó a la calidad de la obra.
A esto se le debe sumar que el mejoramiento de esta ruta está a cargo del Consorcio Canindeyú con un contrato de G. 57.378 millones, cuyo financiamiento es del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
“En ese sentido, durante días pasados se ha realizado la colocación de puntales de hierro, los cuales fueron instalados por la firma contratista para dar seguridad a los trabajos necesarios de terminación principalmente para sanear los recubrimientos de las varillas en un sector de la alcantarilla”, sostiene el comunicado del MOPC.
“El informe solicitado obedece a pedido de pobladores de la zona, a fin de confirmar que el tramo se encuentre en condiciones para la transitabilidad de los camiones que pasarán próximamente por dicha vía”, añade en otro parte.
NO AVANZA
Por otra parte, la cartera de obras sigue sin reconocer el motivo del derrumbe del puente en la zona de Tacuatí, departamento de San Pedro. Hablan de una verificación técnica in situ, sin datos relevantes.
Dicha tarea fue encabezada por Luis Massó, hidrólogo que trabaja para varios proyectos a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien estuvo acompañado por Paulo Yugovich, actual encargado de despacho del Departamento de Puentes y Obras de Arte del MOPC. Además, estuvieron representantes de la empresa Gavilán, funcionarios de la Dirección de Caminos Vecinales y de la Dirección de Auditoría Interna de la institución, a cargo de Dany Marta López.
“En el lugar se hicieron las primeras mediciones de batimetría y también se prevén realizar estudios de socavación con el fin de determinar las posibles causas del derrumbe. Dicho informe técnico preliminar se estaría socializando en los próximos días”, expresa el pobre comunicado.
Desde el Consorcio Talavera Ortellado – Vialtec, empresa que construyó la obra en el año 1999, también anunciaron que llevarán adelante una investigación sobre el caso, pero aclararon que ya no estaban a cargo del mantenimiento que necesitaba de forma anual.
