Se diluye su misión de intermediar las demandas ciudadanas
Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público. Deben expresar el
pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la
política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos.
Esta es la misión que la Constitución encarga a los partidos políticos en su articulo 124. Como marco constitucional, es lo suficientemente amplio como para admitir mayor precisión al profundizar esa misión.
Estudios recopilados por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que se mueve en el ámbito de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, ubican los valores y principios que se espera promocionen y divulguen los partidos políticos. En lo social, deben contribuir a formar, articular y canalizar la opinión pública al transmitir los valores y pautas de conducta que estructuran las identidades políticas. Dentro de sus funciones institucionales, expresa el IIDH, es responsabilidad de los partidos políticos reclutar a las elites dirigentes, seleccionar a los candidatos que se presentarán a elecciones y ocuparán cargos públicos y designar los cargos políticos administrativos. Y aquí es interesante el uso de la palabra élite, que generalmente encrespa el pelo a muchas personas.
Con frecuencia se utiliza el término élite para identificar a un pequeño grupo dotado de gran poder económico, político o social capaz de ejercer influencia sobre el resto. Sin embargo, con la aparición del Estado moderno y de la democracia representativa como forma de gobierno, el término élite se asoció a los ideales republicanos dentro de los cuales, quienes aspiran al poder deben ser escogidos por sus virtudes y sus méritos y no por su origen familiar. Esto significa pasar a formar parte de la meritocracia, otra palabra que genera polémica.
¿Qué papel cumplen hoy los partidos políticos en el Paraguay? ¿Orientan, debaten, manejan valores y principios, preparan elites, consolidan la democracia?
Hay quienes sostienen que el voto directo fue el certificado de defunción de los partidos políticos como instancia de intermediación entre el ciudadano y el sistema político. Este mandato constitucional les ha licuado a los partidos la posibilidad de moderar las posiciones de la sociedad civil al canalizar el conflicto y la protesta hacia las instituciones.
¿Será?
