Acefalía, vacío de poder, incapacidad manifiesta para cumplir con algunos o todos los 16 deberes y atribuciones que la Constitución le atribuye al Presidente de la República. Ese es el microclima que rodea al primer cargo de la República frente a los desafíos que, convertidos en preguntas, serían principalmente: ¿Cuándo responderá el Gobierno con algo más que un “estamos haciendo todo lo posible” en términos de adquisición de vacunas y, sobre todo, intensificación en el programa de vacunación? ¿Cuándo se decidirá el Gobierno a poner en vereda a los empresarios del transporte público que, en lo peor del coronavirus, sacan menos unidades a la calle en lugar de aumentar las frecuencias para airear ómnibus y ayudar a combatir la pandemia? Más que decidirse, ¿Cuándo tendrá pelotas para hacer lo que la ciudadanía le exige?
¿Se decidirá de una buena vez a cerrar al cal y canto por un tiempo la frontera con Brasil para frenar la inundación de gente contagiada con las nuevas variedades del virus que pululan por el país vecino? ¿Puede más el negocio de un puñado de comerciantes fronterizos que la salud de 7 millones de paraguayos? ¿Ve o no el Presidente de la República el hormiguero de motocas y sacoleiros que se derrama por el puente internacional cada jornada, o está mirando para otro lado por pura cobardía e incapacidad de imponer autoridad. En vez de cerrar restaurantes y centros nocturnos que cumplen con los protocolos de aforo máximo y medidas de seguridad sanitaria, ¿va a decidirse el Gobierno a eliminar las farras clandestinas y las celebraciones descontroladas en domicilios particulares?
La bendita Constitución es clara respecto al rol inclaudicable que cabe al Gobierno nacional y a quienes lo ejerzan, empezando por el Presidente de la República, cuando dice: “Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes”. Y luego advierte: “Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana”. Ergo, si no se somete por propia voluntad, el Estado debe obligar al remiso. Pero estamos, en esta materia, en el peor de los escenarios posibles: la pandemia en eclosión y el Gobierno ausente. Dios nos asista. ¿Qué otra cosa?
