(EFE).- La continua fumigación de tierras con fines agrícolas en una zona del este de Paraguay ha causado graves daños en la salud y el modo de vida de los guaraníes y violó su derecho a vivir en sus tierras tradicionales, concluyó hoy un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El comité concluye que Paraguay «violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su entendimiento de domicilio, debido a la falta de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras causada por el uso intensivo de plaguicidas por empresas agrícolas vecinas».
Es el primer dictamen del comité que interpreta de forma extendida el concepto de «domicilio» y considera también como éste los cultivos, ganado y otras formas de vida relacionadas con la caza, la recolección y la pesca de un pueblo.
La decisión del comité responde a una denuncia presentada por la comunidad indígena Campo Agua’e del pueblo ava guaraní, formado por unas 200 personas y que vive en el departamento de Canindeyú, en la región oriental del país.
Esta comunidad está rodeada por empresas agrícolas que producen soja genéticamente modificada y que han fumigado sus cultivos durante más de 10 años con agroquímicos prohibidos, lo que ha causado la muerte del ganado de los indígenas, ha afectado a sus cultivos y frutales y ha dañado su salud.
El daño medioambiental también ha causado la desaparición de recursos naturales necesarios para la caza, la pesca, la recolección en el bosque o incluso prácticas tradicionales de la cultura guaraní, daños que han llevado a algunas familias a emigrar de la zona.
El comité de Naciones Unidas lamentó además la lentitud de las autoridades paraguayas por atender las denuncias de los indígenas, presentadas por vía penal hace más de 12 años, sin que en este tiempo hayan cesado las fumigaciones con agrotóxicos.
El órgano considera ante ello que Paraguay no controló adecuadamente la fumigación, una omisión en su deber que «destruyó elementos constitutivos de la vida privada, familiar y domicilio de la comunidad indígena afectada».
El comité recomienda al Estado paraguayo que indemnice integralmente a las víctimas por el daño sufrido y tome todas las medidas que sean necesarias para reparar la degradación ambiental, adoptando medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro.
