La Contraloría General de la República (CGR), emitió un informe el pasado viernes 10 de junio. En la misma denunció ante el Ministerio Público a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) por comprar radares primarios y secundarios por US$ 7 millones que no funcionan.
Édgar “Beto” Melgarejo, extitular de la Dinac y su sucesor Félix Kanazawa avalaron dicha compra por G. 49.997 millones. La Contraloría, tras una investigación confirmó que los aparatos no funcionan.
Se trata del llamado 330224 por G. 49.997 millones (US$ 7,2 millones al cambio actual). Ahora el Ministerio Público deberá designar un fiscal que inicie una investigación penal. La firma proveedora es Omni S.A. cuyo representante legal es Eduardo de Gásperi Camacho.
REUNIÓN EN CONTRALORÍA
En horas de la mañana de ayer, por pedido de la Dinac, autoridades de dicho ente se reunieron con Augusto Paiva, subcontralor y con autoridades de las Fuerzas Aéreas. Tras la reunión, el subcontralor afirmó que ellos ya no pueden hacer nada, y que las explicaciones la debe realizar la Dinac ante el Ministerio Público.
Otro aspecto llamativo, es que las Fuerzas Aéreas, se ratificaron en que los radares no funcionan. Cabe recordar que el informe de Contraloría se basó principalmente en declaraciones de dichas autoridades militares, atendiendo que son ellos los que utilizan el aparato adquirido por la Dinac.
“Fue una reunión solicitada por el presidente de la Dinac y la Fuerza Aérea, donde expusieron sus puntos de vista, le aclaramos que perdimos competencia al ser remitido a la Fiscalía General el informe, y que tendrían que remitir a Fiscalía sus inquietudes en relación al informe final practicada a la Dinac. No obstante si lo hacen a CGR comunicamos a la Fiscalía, dentro del convenio de cooperación que tenemos con ellos”, expresó.
CASTIGO AL PROVEEDOR
Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), expresó que ese caso guarda relación con un incumplimiento contractual y de una ejecución contractual. Seitz afirma que el proceso del llamado no registró ningún inconveniente.
“El documento emitido por la Contraloría hace referencia a la ejecución contractual. Lo que corresponde hacer en estos casos es verificar la conducta del proveedor y analizarla dentro de un sumario disciplinario”, comentó.
Seitz ya conversó con Camilo Benítez, contralor general de la República, sobre este tema. Quedaron en que este último remitirá el informe completo y a partir de allí, la DNCP iniciará el sumario disciplinario.
“En no más de 48 horas nos remitirán el informe y en el caso de que se dé una conducta de incumplimiento por parte del proveedor, se instruye un sumario y el proveedor es pasible de una sanción que puede ir desde los tres meses hasta los tres años”, explicó.
DINAC
Al ser consultado sobre la responsabilidad de la Dinac en este caso, ya que el ente público nunca informó sobre la no operatividad de los radares, expresó que el principal controlador de los contratos que firma el Estado es la institución pública suscriptora del contrato. Sin embargo, resaltó que la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía son las instituciones que deben definir sanciones para la Dinac.
“Si existió un problema en la ejecución y en el cumplimiento del contrato, la que primero debió denunciar es la institución pública suscriptora. De acuerdo al informe de Contraloría, a raíz de una comunicación emitida por las Fuerzas Militares, los radares no cumplen las exigencias”, señaló.
