La capacidad total de las 18 penitenciarias que se tiene en el país es de unos 9.511 reos, según datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Sin embargo, la población real supera las 15.400 personas privadas de su libertad y unas 1.500 que se encuentran en las comisarías, esperando por un lugar para ir a prisión.
De acuerdo con los datos que maneja el Ministerio de Justicia, desde el inicio de la pandemia unas 1.500 personas aproximadamente fueron puestas en libertad por orden del juez, y por no considerarse peligrosa para la sociedad ante el ingreso del nuevo coronavirus. Su titular, Cecilia Pérez, informó que de acuerdo con los reportes que manejan, entre todas las penitenciarias existen actualmente unas 150 personas contagiadas por el Covid-19, entre privados de libertad, personal de salud y guardiacárceles, la gran mayoría en el penal de Tacumbú.
“Ya se hizo la depuración, pero por otra parte tenemos los nuevos que ingresan y otros además que están en las comisarías esperando por un lugar en las cárceles, que son más de 1.300 personas; igualmente ni las jefaturas departamentales ni las comisarías dan abasto”, expresó la ministra de Justicia. Agregó además, que aquellas personas aprehendidas deben someterse a la cuarentena.
La ministra también habló respecto al veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que buscaba aliviar las penitenciarías del país mientras dure la crisis sanitaria por el COVID-19 con el fin de reducir la población ante el riesgo de contagio masivo, que fue aprobado en el Congreso.
“Nosotros no teníamos ningún estudio, ningún análisis que nos permitiera saber cuántas personas van a salir en libertad, primero teniendo en cuenta que el proyecto concedía toda la facultad a los jueces para tener una interpretación en cada caso concreto, por eso nosotros no nos podíamos aventurar ¿Cómo un juez iba a analizar eso? Si iba a dar por sentada una interpretación o de otra”, cuestionó.
Señaló también que el artículo 239 del código de ejecución, del Código Procesal Penal establece en qué condiciones una persona puede obtener arresto domiciliario, para continuar cumpliendo con su condena. Y uno de esos puntos es la enfermedad grave, pero no especifica, por ejemplo, la hipertensión como una enfermedad grave.
Sin embargo, en el contexto Covid-19, es una enfermedad base que puede llevar a la muerte, por lo que se tuvo que modificar de manera temporal el artículo 239 para incluir a la personas que padezcan de una enfermedad base pero siempre “dando al juez la facultad de revisión de la condición. Porque la ley dice podrá conceder, no dice concederá”, aclaró la titular del Ministerio de Justicia.
NUEVAS CÁRCELES
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó la construcción de tres nuevos establecimientos penitenciarios para las ciudades de Emboscada (2) y Minga Guazú (1) que deben albergar a 3.960 reclusos y según el plan, deben estar operativas desde agosto del 2021.
