El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó la Ley 6900 que establece la implementación de medidas transitorias de contingencia para la comercialización del Diésel, Gasoil tipo III y Nafta de 93 Octanos por Petróleos Paraguayos; además, prevé medidas de racionalización del gasto público. Esta normativa tendrá vigencia por un plazo de 2 meses.
En entrevista con Radio Cáritas, el economista Amilcar Ferreira sentó su postura en contra del subsidio a combustibles de Petropar.
«En cuanto y tanto que el fondo de estabilización (Combustible) no genere perdidas en corto plazo puede ser una solución. en esta primera etapa se va registrar perdidas, lo que hay que ver es si se recupera cosa que yo dudo. Yo no estoy de acuerdo con el subsidio a camioneros. No me parece que un país pobre esté subsidiando a transportistas de soja, eso es un negocio privado», indicó.
El subsidio al combustible (Diesel Tipo III) terminará beneficiando principalmente al transporte de granos, estamos en plena zafra de la soja. Lo que los camioneros deben hacer es trasladar la suba del combustible a las agroexportadoras, no cargarle subsidio a los contribuyentes, sostuvo en una publicación en sus redes sociales.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, dispondrá los mecanismos presupuestarios y financieros pertinentes para la compensación y/o reposición gradual de los recursos financieros de Petropar que fueren afectados por la medida.
Sobre la Ley
La Ley 6900 promulgada por el Ejecutivo prohíbe la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustible, tarjetas personales o de cupos de combustiblesa las autoridades y funcionarios de los poderes del Estado, organismos y entidades estatales, incluyendo empresas públicas y aquellas de economía mixta, así como a sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado y las municipalidades. Esta medida será de carácter permanente, destaca la normativa..
CONTRALORIA AUDITARÁ GESTIÓN DE PETROPAR
Se establece igualmente que todas y cada una de las gestiones realizadas por Petropar deberán ser auditadas por la Contraloría, institución que emitirá un informe especial a las cámaras del Congreso en un plazo máximo de 30 días.
