Kattya González, diputada nacional por el PEN, llamó a una conferencia de prensa en su rol de presidenta del Frente parlamentario contra la corrupción y la impunidad. De la misma formó parte su colega Édgar Acosta del PLRA en su rol de presidente de la comisión de cuentas y control.
En la misma, ambos legisladores informaron que el 9 de noviembre del año pasado presentaron un pedido de acceso a la información pública tanto a los directores de Itaipú como de Yacyretá. En esa oportunidad a Ernst Bergen, entonces titular de la primera y a Nicanor Duarte Frutos, quien sigue siendo director de la segunda represa.
Sin embargo, hasta la fecha, dos meses después, no tuvieron éxito a pesar que le ley establece 15 días como plazo máximo.
“Utilizamos la vía de ley de acceso a la información pública (5282 del 2014). Porque cuando lo hacemos por vía parlamentaria ellos pueden decidir no responder y no hay sanciones”, sostuvo González.
La legisladora señaló también que es inexplicable la forma de actuar de las binaciones. El repudio más enérgico fue hacia la sublevación de Nicanor Duarte Frutos, quien simplemente se negó a acatar el pedido que por ley lo obliga a responder. En otras palabras, el titular de Yacyretá se negó a explicar cómo utilizaron los gastos socio ambientales desde el 2017 hasta el 2020.
“Queríamos saber cuánto, donde, cuáles eran los protocolos. Y donde está escrito que nuestro país debe pedir permisos a la Argentina para brindar información pública. Datos que nos permitan saber que esos recursos son utilizados de forma transparente”, señaló la legisladora.
URGIMIENTO
Ambos diputados firmaron en la mañana de ayer el escrito de urgimiento a los efectos de reiterar que se mantenga el Estado de Derecho. Aspecto violando por Nicanor Duarte Frutos quien se niega a responder. Bergen, por su parte, respondió a algunas interrogantes pero no todas.
“El entonces titular de Itaipú (Bergen) nos remitió a la página web. Nos dijo que ellos tienen una política de transparencia. Pero al final no responden. Queremos proteger la ley de acceso a la información pública y pedimos a la ciudadanía que nos acompañe”, instó González en otro momento.
LEY 5282
La ley 5282 de Acceso a la Información Pública es clara en su artículo 2 inciso i; “Las comisiones mixtas y las entidades binacionales en las que participe la República del Paraguay. Los representantes, directores y consejeros paraguayos de estas reparticiones públicas deberán garantizar el efectivo ejercicio del derecho de las personas a solicitar y recibir información pública de las mismas”. Esto dice textualmente la mencionada ley.
González acusó de sublevación a los titulares de las binacionales. Resaltó que este actuar de Duarte Frutos, principalmente puede desbaratar la lucha ciudadana que en el 2014 logro esta ansiada ley de transparencia.
“Queremos proteger la ley de acceso a la información pública. Es una insurrección de los titulares de las binaciones que creen que las binaciones son un estado dentro de otro estado. La ley de información pública fue una larga lucha. Si a nosotros nos niegan la información pública, la ciudadanía literalmente irá en punto muerto”, advirtió.
Finalmente sostuvo que la ley 433/73 que aprueba el tratado de Yacyretá en ninguna parte dice que sus autoridades no pueden brindar información pública.
“En marzo, la ciudadanía se tiene que levantar en contra del veto de Abdo a favor del ingreso de los gastos socio ambientales dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN)”, manifestó finalmente.
ACOSTA
Acto seguido, Édgar Acosta, señaló que hay que dejar de pesar que los legisladores colorados cambiarán de parecer si la oposición les convence de rechazar el veto. Pidió a la ciudadanía a no ser ingenua. Y que la única forma que estos recursos se incorporen al PGN es a través de la presión y los cuestionamientos.
“En todos los actos de gobierno se debe rendir cuentas. Todos los recursos de las binacionales son producto del impuesto de la gente. Tenemos que ser más celosos de nuestro dinero”, pidió al inicio de su exposición.
Resaltó nuevamente que las binacionales son del pueblo paraguayo. Y que ni Brasil ni Argentina pueden poner condicionantes.
“Este es un derecho ciudadano y una obligación de las autoridades. Este es un año electoral. El dinero de las binacionales no pueden ser utilizados para fines particulares como en las campañas políticas”, advirtió.
