La parasitosis múltiple que infecta al Estado paraguayo
El Estado paraguayo es el principal comprador de bienes y contratante de servicios del país. Mueve al año miles de millones de dólares y quien quiera fabrique o venda cosas querrá ser su proveedor. Para evitar que quienes manejan desde adentro información reservada se aprovechen de esa ventaja, la ley de contrataciones dice claramente: No podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades los funcionarios o empleados públicos que intervengan en el proceso y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista. Esto incluye a allegados consanguíneos o afines hasta el cuarto grado. También deja afuera a socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o sus parientes formen o hayan formado parte.
Hecha la ley, hecha la trampa dice el saber popular. Es así que surgen los testaferros puestos al frente de empresas de fachada por funcionarios encopetados y que reciben información sobre cada compra mucho antes de que ésta sea licitada, tiempo suficiente para presentarse a un llamado dibujado de tal manera que deja afuera cualquier competencia. Esta triquiñuela explica las enormes fortunas de funcionarios públicos -nombrados o electos- que si dependiera de sus dotes personales, quebrarían en quince días un puesto de panchos. La magnitud de estas maniobras es tal que se necesitarían diez Contralorías Generales de la República y ni aún así se lograría sacar a luz todas las violaciones a la ley de contrataciones públicas.
La otra ley puenteada por la burocracia enviciada es la 5.295 que prohíbe a funcionarios jerárquicos, desde el Presidente de la República hasta directores de reparticiones estatales, nombrar o contratar en cargos públicos a su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El primero en reírse de esta ley es quien hoy ejerce la vicepresidencia de la República y aspira a ser Presidente. Él y una cohorte de allegados empezando por su esposa, le succionan anualmente al Estado Gs. 1.400 millones. El Gobierno central, las Gobernaciones y municipios están llenos de estos islotes de nepotismo.
Son colonias de parásitos que le sangran fortunas al ciudadano contribuyente. Hace falta una revolución moral para sanear un Estado enfermo y en peligro.
