El MEC no puede, y no debe, educar y a la vez construir escuelas
La función de un ministerio de educación es diseñar y ejecutar la mejor política de Estado en materia educativa. Con sólo esa misión hay trabajo más que suficiente para ocupar a los mejores estrategas en la materia y para poner a prueba en su capacidad a los mejores administradores del rubro. Dicho esto, está claro que a un ministerio de esta naturaleza no se le debería confiar, además, el diseño, financiación, construcción y mantenimiento de las escuelas. Esa es materia de otra especialización muy definida.
El país ya tiene un ministerio que se dedica a realizar obras públicas. La Ley N° 167 actualizada establece la estructura orgánica y funciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y es lo suficientemente amplia dentro de sus competencias como para quedar desbordada de trabajo. Por lo tanto, algo está faltando en este andamiaje gubernamental.
Por una vez, pero justificadamente, sería conveniente estudiar la creación de un nuevo ministerio, en este caso, de Infraestructura a cuyo cargo esté satisfacer la demanda edilicia real que plantean los ministerios y demás dependencias estatales, entre ellas, educación. Actualmente, el MEC debe dedicar presupuesto, personal y tiempo de gestión a planificar la construcción, adecuación y mantenimiento de las escuelas, colegios e institutos técnicos confiados a su administración. Esta función complica el de por si complicado organigrama del MEC y requiere competencias y capacidades muy específicas que podrían encontrarse en un ministerio creado para ese efecto.
El diseño de proyectos, los llamados a licitación, la adjudicación e inspección de obras es un escenario muy complicado que convoca todo tipo de intereses. En el MEC, ese capítulo genera una trama de negocios vinculados que alimenta una red de corrupción muy enraizada en la estructura ministerial y que se alzaría de inmediato contra cualquier iniciativa de transferir la función a una cartera especializada.
De constituirse el nuevo ministerio, no sólo las dinastías de funcionarios de educación se podrían en pie de guerra sino también en todas aquellas oficinas del Estado que mezclan funciones específicas con licitaciones para compras, construcciones y equipamientos. Pero este es un capítulo necesario en la tan conversada reforma del Estado que jamás pasó del estado embrionario.
Es imperativo romper esa inercia.
