Cada día, el Ministerio Público recibe un promedio de siete u ocho denuncias de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Así en lo que va del año, ya se registraron 885 presuntos casos de violencia sexual contra menores.
El 80% de estos se da en el entorno familiar o cercano a la víctima. No obstante, en lo que va del año, ya se contabilizaron más de 20 hechos de violencia sexual contra menores en las instituciones educativas. Así, la situación resulta aún más compleja cuando los agresores son menores, que también deben ser protegidos por la estructura estatal.
Cuando los supuestos agresores no están en edad imputable (14 años), el Juzgado del Menor debe comunicar a la Codeni, que es la encargada de dar el apoyo tanto a la víctima como a la familia.
Asimismo, el caso tendrá que ser monitoreado por la Defensoría Pública de la Niñez y la Adolescencia. Si el supuesto victimario tiene 14 años, ya es responsabilidad del Juzgado Penal Adolescente.
“Sea cual sea el hecho, lo primero que debe hacer esta instancia es medir su grado de madurez como establece el Artículo 94 del Código de la Niñez. Por eso, contamos con un psicólogo, que nos da un informe pormenorizado de la situación en que se encuentra el menor y con base en eso empezamos a tomar las medidas que correspondan”, expresó la magistrada Carmén Román, del Juzgado Penal Adolescente de Luque.
Una vez que se determine el grado de madurez del adolescente y si es consciente o no de su conducta, el Juzgado se encarga de cerciorar el entorno familiar del acusado a fin de determinar una posible sanción.
“Todo recae en manos de la familia, como establece nuestra Constitución. No obstante, el menor no queda absuelto, se le otorgan algunas reglas que debe cumplir. Lo fundamental es trabajar con el adolescente en la parte de psicología y psiquiatría. Por eso, el caso continúa posteriormente con un seguimiento y análisis”, relató.
En la situación que el menor no pueda permanecer bajo la tutela de su entorno familiar, el adolescente debe ser trasladado a correccionales como el Centro Educativo Integral de Itauguá, el Centro Educativo La Esperanza (semiabierto) o la institución Virgen de Fátima, que es exclusivo para mujeres.
“En estos centros deben continuar con sus estudios y también se imparten cursos de algunos oficios como panadería, cocina, agricultura. El objetivo es lograr la reinserción social del adolescente”, indicó. En esta misma línea, Román recalcó que no se trata de “una pena para el adolescente, sino una sanción, que puede ser como máximo de ocho años”.
