La legislatitis crónica que impregna a las cámaras del Congreso sigue viva y en plena faena. Es como si no existieran otras materias más urgentes sobre las cuales emplear el tiempo legislativo que tanto le cuesta solventar a la ciudadanía pagando impuestos. Ahora mismo, la Cámara de Diputados está empeñada en fabricar a toda prisa una ley que prevenga el denominado conflicto de intereses dentro de la función pública, pese a que la ley 1626 que rige desde el año 2.000 contempla con pelos y señales todo lo que un funcionario al servicio del Estado no puede hacer sin violar disposiciones clarísimas.
Pero como en el Paraguay todo el andamiaje legal está cubierto de telarañas por mal uso o simple ninguneo, allá van los intrépidos legisladores emperrados en hacer cumplir una ley con otra ley, en lugar de ponerse de acuerdo para que rijan las que ya están vigentes.
Y no reparan en gastos en esa gesta.
El proyecto que impulsa la diputada González es uno más. Lo presentó en 2021 junto con sus colegas Amarilla, Villarejo, Acosta y Avalos. Tiene 16 paginas y duerme en la comisión de Legislación. Un par de años antes, un senador Osorio metió en su cámara un proyecto menos farragoso y sin tanta aparatología semántica, apenas tres paginitas pero del mismo tenor y efecto que el que ahora empuja a tambor batiente la diputada González. Por si faltara algo y en su fugaz pasantía por el Ministerio del Interior, Arnaldo Giuzzio le hizo firmar al presidente Mario Abdo Benítez en noviembre de 2021 un proyecto de ley similar para prevenir, corregir y sancionar cualquier conflicto de intereses en la función pública. Hay otra media docena de pastiches semejantes rodando por el Congreso que no vale la pena citar.
Hemos descubierto, en este espacio editorial, que la mejor manera de que una ley no se cumpla y quede en stand by, es proponer otra ley que la sustituya bajo la burda engañifa de modificarla para perfeccionarla. Y mientras se la estudia exhaustivamente, todos aprovechan el hueco. No faltará el leguleyo que recuerde que una ley tiene vigencia hasta que otra, sancionada y promulgada con fecha y hora, la derogue. Sí, eso pasa en las sociedades normales, pero no en el Paraguay, preso de la legislatitis crónica que ha hecho presa de nuestros honorables.
El cuadro se completa con el ancestral principio acuñado durante el virreinato de que cuando conviene, la ley se acata pero no se cumple.
