En un golpe a la transparencia el Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 4.362, por el cual se objeta totalmente el proyecto “Que incorpora los gastos socioambientales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá-lado paraguayo, al Presupuesto General de la Nación-Ministerio de Hacienda. El documento menciona que la propuesta es inconstitucional y transgrede los tratados internacionales.
Esta situación generó gran descontento en redes sociales y se creó el hashtag #RechazamoselVeto. La propulsora fue la diputada Kattya González, «Marito vetó la ley que buscaba incorporar los gastos sociales de las binacionales al presupuesto nacional. Son 100 millones U$ que se utilizan para pagar favores políticos sin control alguno. Hagamos una campaña y pidamos a todos los congresistas rechazar el veto presidencial», indicó la legusladora.
Por su parte Georgia Arrúa posteó en sus redes sociales «Que golpe nos estás dando Marito! Todo lo contrario a tu gastado discurso de transparencia y no te animas a dar la cara, para explicar lo inexplicable usas a tus voceros. Indefendible es justificar la discrecionalidad»
En un comunicado publicado por presidencia se lee:
En consecuencia, el Ejecutivo propone que las inversiones y gastos realizados por las Binacionales para apoyar a los distintos organismos y entidades del Estado, se podrán incorporar y ejecutar a través del PGN, con la firma de convenios entre ambas partes, estableciéndose claramente el objeto de los convenios. Además se menciona que estos recursos acordados se incorporarán al presupuesto de cada Organismo y Entidades del Estado a través de un decreto, con lo cual se podrán ejecutar dichos recursos, conforme a las normas que la rigen.
De acuerdo a la argumentación del veto total al proyecto de Ley de transferencia de inversiones sociales de Binacionales al Presupuesto General de la Nación, se menciona que las binacionales son las únicas que tienen atribuciones para diseñar y ejecutar los programas destinados a los gastos socioambientales.
Además señala que el control de los gastos derivados de dichos programas, debe efectuarse en el marco de lo que disponen los tratados internacionales y no puede ser sometido a la voluntad de una de las partes, fuera de los procedimientos previamente aprobados por sus Altas Partes
Menciona asimismo que los recursos de las entidades binacionales deben ser transferidos a los Estados Partes, en la forma y condiciones previstas en sus tratados constitutivos, y ninguna ley interna, de los países que la integran, puede determinar exigencias adicionales, cualquiera sea su cuantía, concepto o destino.
Por todos los argumentos legales expuestos, el Ejecutivo considera que el citado proyecto se torna inconstitucional.
