Sin renunciar a su cargo dentro de la función pública, pero tampoco dejando de lado la realización de sus campañas políticas, varios funcionarios distorsionan la eficacia, eficiencia y cumplimiento de funciones, a decir de la abogada y analista Pilar Callizo, porque desequilibran su desempeño asumido inicialmente.
Pilar Callizo
“Una persona, ordenador de gasto, no puede postularse para un cargo o hacer una campaña electoral, teniendo aún un puesto dentro de su función pública”, remarcó la especialista. Si bien no existe una ley que prohíba expresamente este tipo de actividades, que ya son recurrentes en el país, Callizo opinó que por una cuestión ética se debería optar solo por una de las dos funciones.
Ese es el caso de Rodrigo Fretes Llanes, director y secretario privado del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), quien lanzaría su candidatura como senador, pero aún no da un paso al costado de su desempeño en la cartera. Esto sin dejar de mencionar el caso del Ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, quien fue acusado de hacer campañas a favor del precandidato a la presidencia Hugo Velázquez, con militares activos.
Ante esto, Callizo resaltó que los funcionarios deben tener en cuenta la necesidad de ejercer el cargo con toda la exigencia que lo amerita, lo cual significa la imposibilidad de llevar a cabo actos proselitistas. La analista aseveró que este tipo de acciones solo revelan la falta de compromisos que tienen los políticos para asumir el cargo en el cual fueron derivados.
“Se distorsiona la función de representación y esto afecta el funcionamiento de la institucionalidad”, declaró la abogada, destacando a su vez que los propios ciudadanos deberían sancionar este tipo de malos procedimientos a la hora de votar, pues al demostrar su rechazo por figuras similares, los funcionarios se inhibirán de seguir con estos procedimientos.
Destacó que la mejor manera de modificar un sistema viciado en cuanto al proceso de conformación democrática es sancionando por medio del voto a quienes ejercerán la función representativa, ya sea uninominal o plurinominal.
Carla Bacigalupo
La Ministra de Trabajo actualmente evalúa la posibilidad de buscar un curul en la Cámara Baja desde el movimiento oficialista. Bacigalupo fue denunciada por utilizar su cargo y la infraestructura del MTESS para hacer campaña a favor del vicepresidente y precandidato presidencial Hugo Velázquez.
Por otra parte, a través de una auditoría realizada sobre la administración de la Ministra, se determinó la compra por G. 410 millones de una maquinaria que estaba en un predio privado sin uso. Asimismo, se detectaron diferencias entre el balance e inventario de la cartera de Trabajo, sin mencionar la falta de ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato por un monto de G. 1.216.974.144.
Natalicio Chase
Actual titular de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Chase habla de la posibilidad de desempeñarse como senador. Entre sus antecedentes figura un pedido de interpelación por una pésima gestión al frente de la Essap.
Aparte de lo expuesto, también figuró como representante legal de una firma adjudicada en 2020, cuando la Ley de Función Pública prohíbe que un funcionario pueda dirigir, administrar, asesorar o prestar servicios remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que gestionen concesiones de la administración en el orden estatal.
Daniel Centurión
Nombrado como Viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, fue presentado como precandidato a la Cámara de Diputados. Centurión fue cuestionado al observarse que elevó su fortuna de manera exponencial al comenzar a desempeñarse en el Ministerio.
En el 2016 había declarado ante la Contraloría General de la República un patrimonio neto de G. 60 millones, para luego declarar que el 2018 su patrimonio había crecido hasta la cifra de G. 710 millones cuando ya se encontraba en la cartera del Estado. Así, su fortuna subió en más de G. 650 millones.
Mauricio Espínola
Presentando su alianza con Víctor Miranda Ocampo para llegar al congreso, el secretario del Ejecutivo realiza constantemente campañas proselitistas, encabezando incluso en horario laboral campañas políticas para el precandidato presidencial Velázquez.
Pese a ser la mano derecha de Abdo Benítez, el precandidato se enfoca netamente en las campañas proselitistas de Velázquez, los cuales son masivamente difundidos por el mismo.
Mario Varela
Actual Ministro de Desarrollo Social, lanza su candidatura como senador de cara al 2023. Sin embargo, pasó por diversos cuestionamientos por inconsistencias financieras en su administración. Así también, ya contaba con irregularidades durante su gestión como gobernador.
La Contraloría General de la República llegó a revelar inconsistencias por G. 69.119 millones (US$ 10 millones) dentro de la administración del Ministro Varela.
