Concejales departamentales de Central rechazaron el pedido de intervención para la Gobernación administrada por Hugo Javier. La votación terminó 11 votos por el rechazo (10 colorados y 1 liberal) y 10 por la aprobación (9 liberales más uno del PPQ).
Derlis Larroza, concejal por el Partido Liberal (PLRA), afirmó que plantearon la intervención de la gobernación por indicios de corrupción (principalmente por la falsificación de facturas).
“Por lo general solo estábamos siete los que veníamos siguiendo este caso. Ahora alcanzamos los 10 votos. Lastimosamente perdimos pero no descartamos volver a impulsarla ni bien alcancemos el voto que nos falta”, expresó.
En otras palabras, el pedido se puede retomar en cualquier momento. Cuando Contraloría emita su dictamen (a fines de septiembre) se presentará nuevamente el pedido.
La gobernación tiene 21 concejales; 10 colorados, 10 liberales y uno de Patria Querida (PPQ).
Los colorados votaron en bloque más el liberal Mario Aguilera (movimiento del ex senador Dionisio Amarilla), con esto tuvieron mayoría.
ÚNICA HERRAMIENTA
Larroza señaló que la única herramienta que tienen los concejales para buscar la transparencia es el pedido de intervención. “Todo se preguntaban cuál era el siguiente paso. La única herramienta que tenemos es el pedido de intervención demostrando que estamos a favor de la transparencia”, afirmó.
Acto seguido comentó que Hugo Javier González siempre se mantiene en silencio sobre los pedidos de informes. El mismo se niega a enviar los balances de cada año.
“Nosotros no sabemos que piensa, que hace. No participa con los concejales. Él tiene la obligación de rendir su informe frente a la Junta Municipal pero nunca lo hace. Es un gobernador ausente”, culminó.
CONTEXTO
En octubre del año pasado, dicha gobernación recibió US$ 1 millón (casi G. 6.400 millones) para mitigar el impacto de la pandemia en la región. El ente público a su vez destinó G. 5.105 millones de esos recursos para contratar a una ONG de nombre Centro Integral de Apoyo (CIAP) en febrero pasado.
Los G. 1.276 millones restantes fueron al Consejo Regional de Salud. Las irregularidades solo se registran en la rendición de cuentas de la primera entrega.
Sin embargo, durante la rendición de cuentas, la Gobernación presentó unas facturas y la CIAP otras distintas para justificar los gastos.
Debido a esto, la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) realizaron una conferencia de prensa el pasado miércoles 7. En la ocasión, anunciaron que pidieron al Ministerio Público intervenir a la Gobernación de Central administrada por Hugo Javier González.
El hecho tomó estado público tras denuncias de empresas que figuran como contratadas por la ONG en cuestión para la realización de los trabajos. Alegan que facturas fueron clonadas y presentadas como rendición de cuentas.
Ahora queda definir cuanto se usó efectivamente y cuanto no. Los entes que denunciaron esta cuestión aún desconocen el posible daño patrimonial.
El pasado 13 de julio, Contraloría anunció que recién en septiembre tendrá los resultados de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) que realiza en la gobernación. Fausto Portillo, abogado del gobernador, afirmó por su parte que si se comprueban inconsistencias, Hugo Javier devolverá el dinero.
