“La infancia de estos niños y niñas ha sido reemplazada con dolor, brutalidad y miedo mientras el mundo lo atestigua. Las partes en conflicto no cumplen su obligación de proteger a los menores durante las hostilidades y les niegan la ayuda vital que necesitan desesperadamente”. Este párrafo está contenido en el informe 2019 de las Naciones Unidas bajo el título “Niños y Conflictos Armados”. Las historias son particularmente truculentas en África, que lleva siglos de guerras tribales e interculturales. En todo el mundo, unos 240 millones de menores de edad viven en zonas de guerra, muchos de ellos obligados a portar armas y luchar para algún señor de la guerra.
Ahora, nos toca a nosotros engrosar la lista.
Ya en 2015, El Servicio Paz y Justicia del Paraguay (Serpaj-Py) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) habían denunciado el reclutamiento de menores de edad por parte de las bandas armadas autodenominadas Ejército del Pueblo Paraguayo y Agrupación Campesina Armada. En aquella oportunidad, pidieron al Gobierno que reconociera a estos niños como “víctimas de un conflicto armado junto con sus familias”. El jueves pasado se pudo comprobar que de este pedido, si acaso fue considerado en algún momento, no queda nada, ya que dos niñas de corta edad fueron asesinadas a balazos en lo que parecía un campamento militar. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay acaba de comunicar que estas muertes presentan características inquietantes de un crimen de Estado. Y mientras el comunicado de la Fuerza de Tareas Conjuntas habla de un enfrentamiento y de jóvenes mayores de edad, familiares de las caídas aseguran –documentos mediante- que las niñas tenían entre once y trece años.
La persistencia de estos grupos armados, su habilidad para escapar a la FTC y la disponibilidad de recursos para adquirir armas, ropas, alimentos, carpas, explosivos, computadoras, paneles solares, teléfonos celulares y toda clase de enseres habla de una fuerte financiación. Es evidente que esos recursos son suministrados por narcotraficantes a cambio de que les mantengan abiertos los canales de tránsito para la marihuana de producción local y la cocaína en la ruta Bolivia-Brasil. Otra explicación no hay pero sí muchas víctimas.
Ahora es el turno de las niñas de la guerra.
