Para el próximo jueves, 18 de febrero, la Comisión de Pueblos Indígenas, presidido por el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, convocará a una reunión con representantes del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Esto se da luego de que el legislador mantuviera reunión con los representantes de las organizaciones de pueblos indígenas asentadas en Guairá y Canindeyú.
“Hay un abandono totalmente y muy fuerte, sobre todo, hay una persecución inmisericorde de la justicia de jueces y fiscales que no interpretan cabalmente el capítulo 5 de la Constitución Nacional y desconocen el alcance de la Ley 43/89 que en su artículo 6 dice expresamente que cuestiones de comunidades indígenas deben ser comunicados al instituto Nacional del Indígena y ante la duda prevalecerá a favor de los pueblos indígenas, nadie respeta”, lamentó.
El encuentro se concretó el jueves pasado en la plaza Eligio Ayala, ubicada frente a la sede del Congreso Nacional, donde representantes del Consejo de Líderes de Comunidades Indígenas de los departamentos de Guairá y Canindeyú, expusieron ante el senador, el incumplimiento de los derechos de los pueblos originarios, la problemática de tierra, la falta de atención, respeto y abandono de las instituciones del Estado.
En la ocasión, estuvieron representadas las comunidades 11 de Diciembre, Paso Yobai, Peru’i kue y Ovenia (asentadas en el Dpto. del Guairá) y Cerro Pytâ, Arroyo Mokôi, San Juan y Arroyo Porâ (del departamento de Canindeyú) quienes están movilizadas en la Plaza Caballero.
En comunicación con el diario El Independiente Rodríguez indicó que lo que más saltó durante la reunión fue la problemática de la tierra ante el temor de que sean desalojados.
“Existen varias propiedades de los pueblos originarios alquilados por sojeros y ganaderos que les pagan una miseria. Entonces al no saberse esta cuestión esto produce una pelea interna dentro de las comunidades. Hoy el alquiler de campo para un pastoreo se cobra G. 40 mil o G. 50 mil por cabeza más o menos a ellos les pagan G. 5 mil o G. 10 mil y lo más grave es que después de poco tiempo ellos son desplazados de esas propiedades que le pertenecían a ellos y estas propiedades están tituladas por el Instituto Nacional del Indígena (INDI) entonces es una problemática bastante complicada verdad”, apuntó.
Mencionó como ejemplo el caso de las comunidades de Ka´a Poty que están asentadas en una hectárea de 1.300 propiedad del INDI, sin embargo, van apareciendo títulos y actuaciones de fiscales penales que buscan desalojar a los indígenas de tierras del Estado paraguayo. “Que tragedia (…) los dueños antiguos de los bosques, de la tierra, del agua, volverán a ser los dueños tarde o temprano y no hay que olvidar que lo que les ocurre a los pueblos originarios o cómo tratamos a los pueblos originarios esto nos sucederá a todos nosotros”, concluyó.
