A dos años de la promulgación de la Ley N° 6.501/20, que regula el financiamiento político, dentro del área mencionada se puede hablar de un mayor paso hacia la transparencia, así como también de un cruce de datos más detallado sobre un candidato, un partido y el origen del dinero que respalda una campaña.
“Esta modificación se había propuesto con el objetivo de evitar el financiamiento de las campañas políticas con fruto de dinero ilícito. Nosotros como Secretaría de Estado estamos para apoyar los procesos de transparencia”, resaltó Carmen Pereira, viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Carmen Pereira
De este modo, aseguró que se encuentran contentos con la promulgación mencionada porque desde el 2012 los partidos políticos son estructuras que se inscriben en la Seprelad y tienen una reglamentación que les obliga a realizar medidas de diligencia y control del dinero aportado.
Resulta indispensable acotar que la mencionada ley permite el control minucioso del origen del dinero que financia las campañas políticas, de manera central, permitiendo también la publicación de dichas averiguaciones, para todos los ciudadanos que quisieran recopilar mayores datos.
“En ese contexto, fuimos designados como un órgano para acompañar la gestión de la supervisión con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el cual creó toda una estructura para realizar el control de financiamiento político”, indicó la representante del organismo de control.
De este modo, resaltó los buenos resultados que comenzaron a tener con la aplicación de la Ley N° 6.501, pues en las elecciones municipales tuvieron una experiencia positiva con la reglamentación, introduciendo el intercambio de información con la unidad de control del financiamiento político.
OTROS CONTROLES
“Creemos que el plan inicialmente visto como una prueba, hoy está listo para realizar los controles antes, durante y después, como fue el compromiso al momento de la promulgación de esta ley”, destacó Pereira, hablando de la manera en la cual se preparan para las generales de 2023.
En ese sentido, expresó que estarán desarrollando trabajos sobre la misma base, para las próximas elecciones, pero con ánimos de superar la rigurosidad y minuciosidad, pues en los comicios que se vienen se observarán más candidatos, vinculaciones y partidos políticos.
“Tenemos dos elecciones en puerta: las internas y las generales. Estas son las oportunidades para ir ajustando ciertos detalles, pero en un principio estamos trabajando muy bien con la unidad encargada y ya hemos iniciado el plan para desarrollar mecanismos de intercambio de información”, comentó.
Resaltó que, pese a haber visto de manera satisfactoria todo el proceso de la aplicación de la ley, es importante tener en cuenta que todo siempre puede ser perfeccionable y mejorable.
Hasta el momento se encuentran trabajando en una suerte de información que concluyó en dos informes, de manera a conocer el flujo de efectivos, lo cual permitirá tener datos sobre los cuales operar.
ASPECTOS DIFÍCILES
“No podemos hablar de las dificultades que hubo o no a la hora de implementar la ley, pero todo proceso de modificación que exige más control y más supervisión es un proceso resistido, tanto por el supervisado como para quienes realizan el control”, determinó Pereira.
Así también, comentó que el TSJE ha hecho inversiones en recursos humanos y tecnología, sin mencionar los esfuerzos para llevar adelante el proyecto mencionado. Por ello, ahora se cuenta con la creación de una base de datos, así como también la determinación de alertas específicas relacionadas a campañas electorales.
“Hoy es mucho más visible todo lo que representa hacer estos controles y transparentar a la ciudadanía todo lo que se pueda, en cuanto a lo referente a este tipo de actividades, evitando un canal que facilite el uso de recursos ilícitos, los cuales luego pueden ser moneda de cambio para favores políticos”, concluyó.
