La Cámara de Diputados dio sanción al proyecto de ley que reduce la edad mínima para los candidatos a intendentes y concejales. Así, la modificación de la Ley Orgánica Municipal permitirá a los jóvenes de 20 a 22 años candidatarse como concejales e intendentes, respectivamente. La ley pasa al Ejecutivo para su promulgación o veto.
De acuerdo al diputado colorado, Hugo Ramírez, con la ley resulta preocupante la manera en la que los jóvenes financiarán su campaña política, pues aún no tendrán una amplia experiencia dentro del trabajo comunitario, a lo cual se suma la posibilidad de encontrarse estudiando recién una carrera universitaria. El parlamentario mencionó que el joven tendrá una falta de formación académica, sin mencionar que no ganará más del sueldo mínimo.
Hugo Ramírez
“¿Quién financiará la campaña política de un joven de 22 años? Esta ley te hace creer que los jefes políticos de los pequeños distritos en realidad se encontrarán administrando los recursos como si fueran deudos, a través de sus hijos”, destacó Ramírez, agregando de manera consecuente la preocupación del financiamiento de las campañas con recursos del narcotráfico.
Así también, el diputado señaló que la sanción permitirá la existencia de más personas como Santi Peña, haciendo referencia a candidatos títeres que puedan ser financiados y manejados desde otro sector. Ramírez resaltó que el Congreso no debía haber aprobado la ley, por lo cual habló de la necesidad del veto del Presidente.
APROVECHAR AL ELECTORADO
Más allá del mantenimiento de los clanes familiares en los estamentos del Estado, así como también el financiamiento de campañas con dinero procedente al narcotráfico, la analista política Milda Rivarola aseveró que en realidad la ley tiene un objetivo electoralista que busca la mayor participación de un estrato social que no quiere votar
Milda Rivarola
“Se está tratando por distintos medios de obligar o incentivar a la gente que vote, donde el rango joven es el que menos participa”, consideró la especialista, agregando que el problema se centra en la calidad de las habilidades y las formaciones que terminan siendo concejales e intendentes.
Puntualizó que para el cargo de concejal no se solicita ningún requisito de formación para ejercer el cargo, el hecho reforzó con casos que conoce relacionados a funcionarios en total desconocimiento de la realización de una minuta o de sus propias funciones.
“Más bien creo que esto es incentivar a los operadores políticos, aquellas personas que van a juntar votos, los cuales generalmente son jóvenes”, aseguró. Dentro del punto, observó que los diputados poseen sus operadores en cada municipio, entre los cuales existe una alianza no muy eficiente en términos de gobernabilidad.
NO ES ACONSEJABLE
El abogado y analista político, Hugo Estigarribia, la nueva ley podría considerarse beneficiosa para los jóvenes en términos de participación política, pero de igual forma no está de acuerdo porque la experiencia resulta esencial a la hora de desempeñarse en un cargo público.
Hugo Estigarribia
“Es una edad muy temprana porque los jóvenes aún no estarían terminando una carrera universitaria, para desempeñarse en ejercicio de un cargo de alta responsabilidad a nivel de municipalidades”, indicó el experto, añadiendo que la sanción podría deberse a los ánimos de los políticos para congraciarse con un sector de la población, con el objetivo de captar el voto joven cada vez más creciente.
En ese sentido expuso que quienes apoyan la reglamentación probablemente realicen campañas con la nueva modificación, por lo cual le resulta oportunista la reforma pensando en la funcionalidad. Pese a ello, no descarta una posible renovación de la clase política, citando que un joven puede dar sorpresas con una buena gestión, del mismo modo que poseer una mayor experiencia no exime de un mal desempeño en la función.
Con respecto al mantenimiento de los clanes familiares en los sectores públicos, el abogado expresó que puede habilitarlo, pero de todos modos esa es la realidad que se ve con o sin ley que lo permita. Ante esto, el analista cuestiona con más fuerza la manera en la cual se realizan negociaciones para colocar a hijos de políticos en determinados espacios de poder.
Clan González Daher
Ubicados en estamentos estratégicos de la función pública, los González Daher movieron a través de la usura G. 6,5 billones en 5 años. La propia Fiscalía sostuvo que el poder ejercido por el exsenador Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados era utilizado por su hermano, Ramón González Daher, para la usura.
– Ramón González Daher, hermano del exsenador: exdirigente de fútbol. Su última declaración jurada de bienes presentada en el 2018 habla de un patrimonio neto de G. 517.683 millones.
– María Emilia González Chaves, hija del exsenador: funcionaria de Itaipú. Remuneración: G. 34.590.9964.
– Óscar Rubén González Chávez, hijo del exsenador: reelecto concejal de Luque. Percibía anteriormente un sueldo de casi G. 27 millones. Según sus declaraciones juradas, del 2012 al 2017, tuvo ingresos por G. 2.176.634.663. En concepto de sueldo, recibió G. 1.153.710.480. Trabajaba de manera directa con su hijo Fernando Gonzále Karjallo, acusado por usura y lavado de dinero junto con su padre.
Clan Ovelar
(datos de 2021)
El senador por el movimiento Honor Colorado, Silvio “Beto” Ovelar, tiene a varios familiares ubicados dentro de la función pública, costando al pueblo paraguayo de manera anual más de G. 500 millones.
– Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, esposa de Beto: funcionaria de Itaipu. Remuneración: G. 98.045.832.
– Armando Mendoza Balmaceda, suegro de Beto: funcionario de Yacyretá. Remuneración: G. 43.697.642.
– Violeta Mendoza Balmaceda, cuñada de Beto: funcionaria de Yacyretá. Remuneración: G. 34.885.611.
– José Armando Mendoza Balmaceda, cuñado de Beto: funcionario de la Corte Suprema de Justicia. Remuneración: G. 17.806.000.
– Robert Eligio Ovelar Benítez, hermano de Beto: funcionario de Aduanas. Remuneración: G. 22.097.917.
– Lourdes Mariela Ovelar Benítez, hermana de Beto: funcionaria de Fiscalía. Remuneración: G. 7.025.477.
– Hugo Jamil Ovelar Benítez, hermano de Beto: funcionario de la Municipalidad de Cnel. Oviedo. Remuneración: G. 9.000.000.
– Rodney Gustavo Ovelar Benítez, hermano de Beto: funcionario del Ministerio de Defensa. Remuneración: G. 17.555.600.
Clan Salomón
(datos del 2021)
Óscar “Cachito” Salomón, presidente del Senado, tiene a familiares directos y políticos ubicados en 11 entidades oficiales:
– Felipe Salomón Casola, hijo de Cachito: Intendente de San Lorenzo.
– Gloria Núñez de Salomón, esposa de Cachito: funcionaria de Yacyretá.
– Rebeca Núñez hijastra de Cachito: funcionaria del Poder Judicial.
– César Bloker, pareja de Char Salomón, hija de Cachito: funcionario de Itaipu. Salario: G. 29.500.000
– César Bloker Tofolletti, consuegro de Cachito: Director de Talento Humano del Banco Central del Paraguay.
– Ing. Juan Ramón Ibarra, cuñado de Cachito: funcionario de Yacyretá. Salario: G. 36.000.000.
– María Ángela Salomón de Ibarra, hermana de Cachito: funcionaria del Despacho de la Primera Dama. Salario: G. 20.000.000.
– Juan Manuel Ibarra Salomón, sobrino de Cachito: funcionario de Itaipu. Salario G. 22.000.000.
– Édgar Osvaldo Salomón Fernández, hermano de Cachito: funcionario de Aduanas.
– Oscar López, compadre de Cachito: funcionario de Yacyretá. Salario: G. 32.000.000.
– Arnaldo Fernández, compadre de Cachito: Director Administrativo de Yacyretá. Salario: G. 70.000.000.
