Ya se promulgó la ley que eleva la invasión de tierras a delito con hasta 10 años de cárcel. Un día antes la Cámara de Diputados había aprobado la versión del Senado a la modificación del artículo 142 del Código Penal, incluyendo votos en contra y deserciones en la sesión.
Paraguay no contempla la aplicación retroactiva de una ley, así que al parecer las seccionales que ocupan terrenos municipales, los productores o empresas que se dedican a la agricultura y a la ganadería que heredaron tierras del periodo de la dictadura de momento estarán libres de ser tratados bajo el rigor de esta ley.
La paradoja se da incluso en quien la promulga, cuya familia recibió los favores sin estar enmarcados en el proceso de reforma agraria, lo mismo sucede con el proyectista de la Ley, el Senador Fidel Zavala que según un informe público su familia recibió de manera irregular unas 1354 hectáreas en San Rafael del Paraná.
La Comisión Verdad y Justicia presentó su informe final en el año 2008 que contiene un detalle donde se advierte que en el periodo de la Dictadura de Stroessner unas 8 millones de hectáreas de tierras se adjudicaron de manera irregular y hoy se las conoce como tierras malhabidas.
Esto quiere decir que un poco más del 32% de las tierras productivas de Paraguay fueron entregadas de manera irregular. En la lista figuran: Luis María Argaña, Lino Oviedo, Humberto Domínguez Dibb, Andrés Rodríguez entre otros.
Con esta ley posiblemente se termine criminalizando la lucha por el acceso a tierras necesarias para el desarrollo de familias campesinas, y este nuevo escenario vuelve a plantear viejas preguntas: ¿Qué se hizo con todas las tierras que pertenecían a familias campesinas? ¿Cómo es que en más de 30 años de democracia no podamos tener éxito en la reforma agraria? ¿Cuáles son las falencias de los planes, proyectos y procesos? De manera inocente hablamos de debilidades o errores en el proceso, pero algo nos permite intuir que siempre existió un negocio detrás de las tierras públicas, muchos se benefician de tierras que son vendidas por migajas ante la desesperación de una población indígena o campesina desatendida.
Al mismo tiempo grupos que se autodenominan socialistas, de izquierda o del pueblo terminan utilizando a las familias para recibir ayudas del Estado, préstamos y subvenciones, donde unos pocos viven bien, mientras otros deben esperar a la próxima marcha para tener alguna ayuda, cumpliendo un ciclo que nunca termina y siempre inicia. Acá los enemigos no tienen colores o ideologías, más bien utilizan un discurso que busca tapar las verdaderas intenciones.
Posiblemente muchos productores, agricultores y ganaderos que trabajan en tierras adquiridas de manera legítima sin ayuda de ningún tipo, con inversiones que se traducen en préstamos muy caros, viviendo de ganancias temporales ante buenas rachas de una naturaleza impredecible y un mercado internacional que no se rige por el esfuerzo de quien trabaja la tierra, encuentren en esta ley un salvavidas ante los atropellos de grupos que invaden sus propiedades.
La otra cara es la de este tipo de productores que respetan el medio ambiente, que incluso dejan un porcentaje superior de reserva boscosa al que les exige la ley, que se ocupan de la educación de los hijos de quienes trabajan en sus tierras así como del acceso a la salud en poblaciones muy alejadas de las zonas con mayor infraestructura.
Este otro tipo de productores que son cientos de miles quizás tengan la ilusión que con mayores condenas se logre alejar a los invasores, y nuevamente las preguntas ¿Con las leyes actuales se han logrado evitar las invasiones? De las cientos de ocupaciones en zonas urbanas y rurales ¿Se tiene algún resultado positivo en la recuperación de las tierras o los terrenos? Ni siquiera con un expresidente que vivió más cerca de la realidad de las familias campesinas e indígenas y que hoy ocupa una banca importante en el Senado se ha tenido una respuesta prodigiosa.
Lo que sigue faltando, independiente a las ideologías o facciones partidarias es un real interés por solucionar la problemática que pone en riesgo el desarrollo de todo un país que está muy lejos de poder transformarse en una potencia industrial o del conocimiento. Un país que sigue necesitando de la producción que se da en su tierra.
