La denuncia en principio hablaba de 500 casos, pero ahora se cree que son muchos más.
Los vacunados irregulares muestran que el temor de muchos llegó más temprano que tarde y la cara visible de la corrupción se hizo sentir en el sistema de inmunización. El amiguismo y los avivados no perdieron tiempo en mostrarse tal cual y esto demuestra que en Paraguay no hay pandemia ni situación de emergencia que frene la sed de avivarse y pasar por encima de todos. Los involucrados están siendo investigados: algunos recibieron pedidos de la clase privilegiada y otros directamente direccionaron las dosis a gente de su entorno; perdieron el miedo y pensaron que al final del día su astucia no sería descubierta.
Estos actos, más allá de que ya son costumbre, muestran el lado miserable de una cadena de funcionarios públicos que cuenta con un mínimo poder de decisión. Desde personas honorables como una senadora hasta encargados de hospitales tenían la misión de actuar y comportarse a la altura de la emergencia pero decidieron tomar el camino fácil y llevarse a las normas por delante.
En este momento, la confianza ciudadana está seriamente lesionada por este escándalo similar en otros países y del que Paraguay lastimosamente no escapa. El anuncio de investigación no debe terminar en una simple conferencia de prensa y se debe llegar hasta el castigo.
El lado mezquino y aprovechador expuesto por inescrupulosos no puede quedar impune con la falta de sanciones tanto del Ministerio de Salud como la justicia ordinaria. Miles de ciudadanos están aguardando que la campaña de vacunación finalmente se vuelva masiva y que alcance a más habitantes. Mientras tanto, la lucha contra los corruptos debe ser implacable para castigar a los culpables
