Más de US$ 24 millones en subsidio familiar destina anualmente el Estado a través de diversas instituciones públicas a sus funcionarios. El subsidio es un recurso que debería funcionar como un bien común, sin embargo, se utiliza como una herramienta de fidelidad política.
Tal es el punto, que un total de US$ 24.514.699 fue destinado en el 2021 únicamente a subsidios familiares para las instituciones públicas que más reciben por dicho concepto.
El Ministerio de Educación y Ciencias lidera la lista con US$ 10.275.284, le sigue el Instituto de Previsión Social (IPS) con US$ 4.573.509, luego la ANDE con US$ 2.846.609, el Ministerio de Justicia, con US$ 2.417.190 y finalmente el BNF con US$ 2.206.105.
Al respecto, la economista Verónica Serafini detalló que los subsidios deben formar parte de una política y ser evaluados. En ese sentido, si profundizan desigualdades al ser pagados con impuestos de personas que tienen menos recursos, resulta pertinente revisarlos; la profesional prosiguió diciendo en el caso de los funcionarios públicos, tal vez los que ganan poco merezcan esa ayuda.
Verónica Serafini
“Los subsidios hay que integrarlos al sistema de protección social e incorporarlos en la carrera del servicio civil. Se suponía que al aprobarse la matriz salarial hace unos años, muchos beneficios se habían sumado al salario, ¿qué pasó con la idea de unificar?”, expuso la analista. Continuando con la idea, Serafini ratificó que todos los beneficios extras al salario deben ser parte de los sistemas de incentivos que forman parte del servicio civil y no deberían generar desigualdades con otros funcionarios públicos.
OTROS SUBSIDIOS
En contexto del 2021, el Ministerio de Hacienda también se destaca en la lista de beneficiados en concepto de subsidio familiar, con unos US$ 870.598, aparte de recibir también subvenciones de US$ 1.490.869 por tarifa social de la ANDE. Por su parte, el Ministerio del Interior percibió US$ 653.478 por subsidio familiar.
A su vez, por compensaciones para la salud, la cartera mencionada contó con US$ 776.470, mientras que US$ 8.321.437 fue el subsidio para la adquisición de equipos y vestuarios del personal de las fuerzas pública, aparte de unos US$ 8.780.359 en subsidio para la salud del personal de las fuerzas públicas.
En contrapartida, el Ministerio de Defensa Nacional recibió un subsidio familiar equivalente a US$ 582.939, una subvención para la salud de US$ 983.753 y también para el subsidio de adquisición de equipos y vestuarios del personal de las fuerzas pública US$ 4.988.002, sin mencionar nuevamente la compensación para la salud del personal de las fuerzas públicas en un total de US$ 5.713.464.
En cuanto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se puede observar que percibió un subsidio familiar de US$ 88.987, mientras que por aportes o subsidios al transporte público colectivo y otros sectores, contó con US$ 16.620.939. En cuanto a otra de las áreas más subsidiadas para el MEC, se destaca la compensación para la salud, por unos US$ 2.126.437.
Pese a todas las cifras mencionadas, la economista Serafini hizo hincapié en la cantidad de subsidios, sean estos directos, indirectos o implícitos, que deben pasar por una necesaria transparencia.
No obstante, la especialista afirmó que el problema para llegar a determinarlos es que ni siquiera se conoce el monto exacto de los mismos, existiendo así un montón de leyes con exoneraciones tributarias.
Uno de los ejemplos es la resolución de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a través de la cual se establece la obtención de la Liberación de Impuesto para la elaboración de biocombustible, por medio del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu. “Este es un ‘subsidio implícito’ pero, ¿cuál es el objetivo?, ¿qué se espera ganar como bien público, empleo, innovación, etc.?”, declaró la analista.
Así también, aclaró que no se encuentra en desacuerdo con los subsidios, pero sí cree que deben ser cuantificados y evaluados. Los programas contra la pobreza, por ejemplo, son subsidiados, se monitorean y evalúan más, teniendo un bajo peso respecto al Producto Interno Bruto (PIB), que otros subsidios mayores, de los cuales no hay monitoreo ni evaluación.
