Juan Galeano Grassi, empresario gastronómico, fue notificado que su imputación se elevará a juicio oral y público. Este anuncio se produjo el pasado martes 1. Ahora el afectado puede apelar y quedará en manos de la Cámara de Apelación la confirmación o el rechazo del juicio.
Cabe recordar que el mismo está imputado desde el viernes 19 de junio del año pasado por ser uno de los convocantes de la manifestación contra la corrupción del 3 de junio del 2020.
Esther Roa, abogada y activista social, también fue imputada por el mismo hecho. Señaló que su juicio oral y público se desarrollará el próximo 18 de junio. Es decir, marcha de forma más acelerada que la de los otros imputados como Grassi.
“A los otros imputados ofrecieron una salida procesal benigna en este caso. Pero no en mi caso”, explicó.
Para entender, la salida procesal que ofrecieron a Grassi fue pagar una multa de G. 3 millones consistentes en alimentos no perecederos para entidades de beneficencia para no llegar al juicio oral.
Acto seguido lamentó que en nuestro país no se garantizan los derechos y las garantías constitucionales.
“El derecho a la manifestación es legítima. Bajo ningún contexto un decreto puede estar por sobre un derecho constitucional. La manifestación es la única herramienta para luchar contra la corrupción. Si nos censuran cómo podríamos luchar si las autoridades no nos escuchan. Para mi es un acto criminal con la criminalización de las protestas”, culminó.
GRASSI
Juan Galeano Grassi, empresario gastronómico, explicó para Ñanduti que todo comenzó cuando confiaron en las autoridades la administración de miles de millones de dólares para enfrentar la pandemia. Y en las primeras semanas ya saltaron hechos de corrupción.
“Lo primero que hacen es imputarnos por supuestamente violar las restricciones sanitarias. Como vas a negar el derecho de manifestarse a la gente”, cuestionó.
En concreto, si los afectados son condenados tendrán una pena privativa de libertad de dos a tres años o multa. Grassi, a diferencia de Roa, tuvo la opción de aceptar una salida procesal para no llegar a un juicio oral. Sin embargo, no la aceptaron.
“El punto no es el dinero. El punto es que aceptando una salida procesal uno admite que hizo un delito. Dejando un precedente. No podemos jamás admitir. Ayer nos limitaban el derecho a manifestarse, después el derecho a trabajar. Mañana nos van a cortar otros derechos y no vamos a poder reclamar nada”, cuestionó.
Lamentó que la fiscalía actúe como un garrote. Por ello decidieron ir hasta el final. Y ver si el juez que le toca la causa se anima a condenarlos por manifestarse. Ir para atrás en el ordenamiento jurídico.
“Yo no deseo creer que hay un objetivo político detrás de esto. Pero aparentemente sí. Aceleraron la causa para hacerlo justo ahora. Todo apunta a que quieren sacar las voces contra este sistema corrupto que nos está reventando. El mensaje es claro. No vamos a parar”, culminó.
