“Llamativamente nunca se hicieron las diligencias, se libraron los oficios pero no respondió nunca el Ministerio Público”, cuestionó la abogada.
La prueba en cuestión, se trata de una imagen viralizada el 22 de junio del año pasado. En la misma se observa a Abdo Benítez, mandatario nacional, al entonces secretario de Salud, al expresidente de IPS, Andrés Gubetich y una cuarta persona dentro de un vehículo. Sin embargo, el decreto de aquel entonces establecía que solo dos personas podían ocupar el habitáculo de un rodado.
Esto quiere ser agregado por Guillermo Ferreiro, abogado defensor, como prueba para demostrar el subjetivo actuar del Ministerio Público en este caso.
Estas pruebas fueron admitidas por el juez penal de garantías.
“Lo que intenta demostrar la defensa es que es un juicio atípico. Es una persecución a inocentes”, manifestó.
El jueves de la próxima semana se darán a conocer los alegatos finales y luego la sentencia del tribunal. La acusada se expone a una pena de cárcel de 18 meses o una multa de 500 jornales mínimos (G. 44 millones).
IRREGULARIDADES
Roa informó que en base a los pedidos que hicieron a la Fiscalía, saben que existen alrededor de 13.600 imputaciones por violación de la cuarentena. Y que, de todos, solo el de ella llegó a juicio oral y público.
“La defensa quiere demostrar que no existe el tipo penal de violación de cuarentena. Además de que un decreto no está por encima de la Constitución Nacional. Queremos también probar que el Ministerio Público discrimina”, comentó.
Señaló que en ningún decreto puede censurar su derecho a la protesta.
“No existe el hecho punible. Espero la absolución de culpa y pena. Además, que se declare litigante de mala fe al Ministerio Público”, sostuvo.
CONTEXTO
Roa fue imputada el 9 de junio del año pasado por el fiscal Juan Carlos Ruíz. El motivo fue una supuesta violación de la cuarentena sanitaria por participar de una caravana anticorrupción.
La activista señaló que le llama la atención que su juicio haya sido desarrollado tan rápidamente. A diferencia de otros casos emblemáticos.
“Acá no es porque salí a protestar el pasado 3 de junio. Es en realidad la factura por sacar a José María Ibañez, Óscar González Daher, Dionisio Amarilla, Enrique García, Víctor Bogado y otros más”, destacó.
A pesar del bibliorato de pruebas sobre facturas falsas presentadas contra Hugo Javier González, gobernador de Central, el político sigue sin ser imputado. Esto también fue cuestionado por la abogada.
