El próximo martes 17 continuará el juicio oral y público de la activista Esther Roa. Cabe recordar que la abogada fue imputada el 9 de junio del año pasado por el fiscal Juan Carlos Ruíz. El motivo fue una supuesta violación de la cuarentena sanitaria por participar de una caravana anticorrupción.
El juicio oral comenzó a las 11 de la mañana y se extendió hasta las 16:30 horas. El motivo del aplazamiento fue que el tribunal admitió algunos pedidos de informes realizados por Guillermo Ferreiro, abogado defensor de la acusada.
“El presidente del Tribunal ordenó a su secretaria que no libre los oficios. Por lo cual insistimos que una prueba a ser admitida debía diligenciarse”, expresó.
Se trata de dos oficios, uno entregado al Ministerio Público donde solicitan la lista de personas imputadas por violación de la cuarentena. Además de los montos que pagaron las personas imputadas en concepto de multa.
El segundo oficio que solicitó la defensa fue conocer qué diligencias realizó la Fiscalía en la denuncia que presentó Roa contra Abdo Benítez y Julio Mazzoleni, entonces ministro de Salud.
Esto debido a que el 22 de junio del año pasado, se observa al mandatario, al entonces secretario de Salud, al expresidente de IPS, Andrés Gubetich y una cuarta persona dentro de un vehículo. Sin embargo, el decreto de aquel entonces establecía que solo dos personas podían ocupar el habitáculo de un rodado.
“Esto a modo de demostrar que la Fiscalía persigue a activistas porque este es el único juicio que llega a oral y público”, señaló.
PREMURA
La activista señaló que le llama la atención que su juicio haya llegado hasta las cuatro de la tarde. Ya que, por lo general solo se extienden un par de horas y se citan para otra fecha. “Si no insistíamos con los oficios, capaz hubiéramos terminado ya en el día”, lamentó.
Esther Roa se expone a una pena de cárcel de 18 meses o una multa de 500 jornales mínimos (G. 44 millones).
Expresó finalmente que no confía en la justicia. Afirmó que no tiene nada en contra de los miembros del tribunal, pero su grupo molesta mucho a los corruptos.
“Acá no es porque salí a protestar el pasado 3 de junio. Es en realidad la factura por sacar a José María Ibañez, Óscar González Daher, Dionisio Amarilla, Enrique García, Víctor Bogado y otros más”, destacó.
CASO HUGO JAVIER
A pesar del bibliorato de pruebas sobre facturas falsas presentadas contra Hugo Javier González, gobernador de Central, el político sigue sin ser imputado. Esto fue cuestionado por Esther Roa en sus redes sociales.
Cabe recordar que, en octubre del año pasado, dicha gobernación recibió G. 6.400 millones (alrededor de US$ 1 millón) para mitigar el impacto de la pandemia en la región. El ente público a su vez destinó G. 5.105 millones de esos recursos para contratar a una ONG de nombre Centro Integral de Apoyo (CIAP) en febrero pasado.
Los G. 1.276 millones restantes fueron al Consejo Regional de Salud. Las irregularidades solo se registran en la rendición de cuentas de la primera entrega.
Sin embargo, durante la rendición de cuentas, la Gobernación presentó unas facturas y la CIAP otras distintas para justificar los gastos.
Debido a esto, la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) realizaron una conferencia de prensa el pasado mes de julio. En la ocasión, anunciaron que pidieron al Ministerio Público intervenir a la Gobernación de Central administrada por Hugo Javier González por serias irregularidades en el manejo de esos recursos.
A pesar de todo esto, el Ministerio Público sigue sin actuar.
