El análisis de las actas del Consejo del IPS podría ampliar la investigación penal y aumentar las responsabilidades institucionales.
La investigación por el presunto millonario perjuicio patrimonial al Instituto de Previsión Social (IPS) podría incorporar a nuevos responsables. El director jurídico de la previsional, Pablo Morínigo, confirmó que se revisarán las actas del Consejo de Administración para determinar si existieron avales a decisiones que derivaron en la cuestionada contratación de quirófanos modulares. De comprobarse responsabilidades, el Ministerio Público podría ampliar la imputación contra integrantes del órgano colegiado.
¿Por qué los consejeros del IPS también están bajo análisis?
La eventual ampliación de la causa surge a partir de la revisión de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración del IPS durante el proceso de contratación de los quirófanos modulares adjudicados a Neightpart S.A.
Según explicó Pablo Morínigo, la institución evaluará el contenido de las actas para establecer si algunos consejeros aprobaron resoluciones que hoy forman parte de la investigación fiscal.
«Podría pasar que exista una eventual ampliación de la imputación si es que hay méritos respecto a los consejeros que dieron su aval a los hechos denunciados», sostuvo el director jurídico durante una conferencia de prensa.
La revisión busca determinar si las decisiones cuestionadas fueron exclusivamente administrativas o si existió participación activa de los miembros del Consejo en los actos investigados.
¿Quiénes fueron imputados en la investigación?
Hasta el momento, la causa impulsada por el fiscal Julio Ortiz alcanza a nueve personas, entre ellas dos expresidentes del IPS.
Los principales imputados son:
- Jorge Brítez, expresidente del IPS.
- Vicente Mario Bataglia, expresidente del IPS.
- Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística.
- Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones.
- José Raúl Coronel Acosta.
- Rosa Colman.
- Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz.
- Marcelo Bordón Leiva.
- Verónica Alexandra Blanco Bogado.
La investigación se desarrolla por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, figura contemplada en el Código Penal para casos de administración irregular de recursos públicos.
¿Cómo se habría producido el perjuicio económico?
De acuerdo con la investigación fiscal, la licitación para la construcción de quirófanos modulares se inició durante la administración de Andrés Gubetich.
La adjudicación recayó en Neightpart S.A., empresa que debía ejecutar el proyecto por aproximadamente G. 53.000 millones.
La Fiscalía sostiene que inicialmente se desembolsaron G. 10.600 millones, equivalentes al 20% del contrato. Sin embargo, las obras no pudieron comenzar debido a que el IPS no había acondicionado el espacio donde debían instalarse los módulos.
Posteriormente, la empresa solicitó nuevos pagos. Aunque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas rechazó ese pedido, la administración encabezada por Vicente Bataglia aprobó una adenda que amplió los plazos contractuales y permitió nuevos desembolsos por aproximadamente G. 5.300 millones y cerca de G. 4.000 millones.
Estos movimientos financieros constituyen uno de los principales ejes de la imputación presentada por el Ministerio Público.
¿Qué otras medidas adoptará el IPS?
Además del acompañamiento a la investigación penal, las actuales autoridades del IPS anunciaron la apertura de un sumario administrativo.
Según Morínigo, este procedimiento busca determinar si otros funcionarios incurrieron en responsabilidades administrativas derivadas de los hechos investigados.
El director jurídico explicó que la apertura del sumario responde al protocolo institucional cuando funcionarios son imputados por hechos vinculados con el ejercicio de sus funciones dentro de la previsional.
Paralelamente, el IPS analiza constituirse en querellante adhesivo, figura jurídica que permitiría a la institución participar activamente del proceso penal junto al Ministerio Público, con el objetivo de impulsar diligencias y eventualmente reclamar la reparación del daño patrimonial.
¿Qué impacto institucional tiene esta investigación para el IPS?
La posibilidad de ampliar las imputaciones hacia integrantes del Consejo de Administración eleva el alcance institucional de la investigación, al trasladar el foco desde las áreas operativas hacia el máximo órgano de conducción de la previsional.
El caso también reabre el debate sobre los mecanismos de control interno en las contrataciones públicas y la responsabilidad colegiada en decisiones que comprometen recursos de una de las principales instituciones de seguridad social del país.
Si el análisis de las actas confirma nuevos elementos de responsabilidad, la causa podría convertirse en uno de los expedientes de mayor alcance dentro de las investigaciones sobre gestión administrativa en el IPS, con implicancias para la gobernanza institucional, la transparencia en el uso de fondos públicos y la confianza de los aportantes.
Periodista Senior