Van zafando gracias a una fiscalía general ausente
Para aspirar a la categoría de servidor público se necesita un mínimo de conocimientos de administración del Estado, ya sea nacional, departamental o municipal. No basta con dar declaraciones rimbombantes esperando el voto de los ciudadanos. Hay que tener un mínimo equipamiento intelectual en materia de derecho público antes de bajar a la arena electoral.
La administración de la cosa pública está regida por un principio bien definido. Mientras a los particulares todo les está permitido salvo lo expresamente prohibido por ley, a los servidores públicos sólo les está permitido lo que establece expresamente la ley; todo lo demás les está prohibido.
Un ejemplo: si los procedimientos administrativos le fijan a un intendente municipal que los royalties entregados por las binacionales sólo pueden ser dedicados a obras de infraestructura, por ejemplo, no puede gastar ese dinero en salarios, dietas de concejales, viáticos, etc. Si lo hace, corre el riesgo de incurrir en lo que se denomina malversación de fondos, que se produce cuando un funcionario público le da al dinero o bienes que administra una aplicación distinta a la establecida, afectando así el servicio o la función para el que estaban destinados. Se trata de un delito que se salda con pena carcelaria, multa e inhabilitación temporal o definitiva para ejercer cargos públicos.
Es el caso de una intendenta chaqueña que repartió “generosamente” royalties de binacionales en dietas de concejales y en la liquidación de sueldos de funcionarios municipales. ¿Caso aislado? Si se tratara de ignorancia de la ley o simple estupidez, podría ser. Pero la verdad es que esta es una conducta recurrente en una enorme cantidad de intendentes municipales. Hacia enero de 2020 yacían -la palabra es exacta- en el Ministerio Público 74 denuncias contra intendentes municipales que se habían fagocitado los fondos del Fonacide sin aplicarlos a su fin específico, es decir, dedicarlos a la construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de instituciones educativas. La mitad de esas denuncias prescribió y las restantes acumulan polvo en los cajones de la Fiscala General del Estado. Con semejante grado de impunidad y complicidad, es fácil ser un intendente malversador. Literalmente, la sacan gratis mientras siguen banqueteando con fondos públicos.
