Tras darse a conocer los alcances de la Ley de Emergencia Nacional y que la misma no estipula grandes recortes a los beneficios que reciben algunos funcionarios públicos, las críticas no se hicieron esperar e invadieron las redes sociales a tal punto que varios legisladores se apuraron y presentaron propuestas para inclusive reducir un porcentaje del salario que reciben los trabajadores del Estado.
Así también, la ciudadanía se indignó porque los trabajadores de las entidades binacionales ni siquiera sufrieron ínfimos recortes de sus privilegios. Además, también cuestionaron que aún no se analice el redireccionamiento de los fondos de los Royalties que reciben los diferentes municipios del país.
En este último punto, la legisladora Desirée Masi (PDP) recordó que la sesión del Senado terminó a la madrugada y que los parlamentarios se retiraron sin analizar el proyecto. Cabe mencionar que de acuerdo a la iniciativa presentada por el Ejecutivo, con la modificación de la distribución de los Royalties, el Estado contará con US$ 45 millones para destinar al Ministerio de Salud y hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Respecto a los beneficios en las binacionales, en las redes sociales comentaron que solamente recortando los salarios de los directivos y consejeros que ganan más de G. 100 millones por mes se podrían dar de comer a miles de familias.
PROYECTO
Uno de las iniciativas que pretende recortar los salarios y beneficios del sector público es la presentada hoy por los senadores liberales Blas Llano y Víctor Ríos. El proyecto “Por el cual se establece el plan de emergencia ante la pandemia a causa del COVID-19”, pretende, entre otras cosas, la reducción del salario de parlamentarios y miembros de organismos nacionales y binacionales.
El documento, en su artículo 1°, establece una remuneración máxima para senadores y diputados, parlamentarios del Mercosur, miembros de consejos de instituciones y organismos nacionales y binacionales de la República del Paraguay que tendrán derecho a percibir como remuneración máxima, el equivalente a 7 salarios mínimos.
La propuesta indica que esta ley tendrá vigencia por el mismo periodo de tiempo para la Ley 2 “Que declara estado de emergencia en todo el territorio del Paraguay ante la pandemia declarada por la OMS a causa del COVID-19 y se establecen las medidas administrativas, fiscales y financieras”.
Otro quién oficializó la presentación de una iniciativa con el mismo fin fue el senador Patrick Kemper (PH). El proyecto “Por el cual se dispone descuentos a los salarios provenientes del Presupuesto General de la Nación por el plazo de tres meses”.
El documento señala que de aprobarse, se aplicará un descuento del 20% de los salarios para el presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados, parlamentarios del Mercosur, gobernadores y concejales departamentales, intendentes y concejales municipales, ministros y viceministros del Poder Ejecutivo.
Asimismo, se aplicará este mismo porcentaje a otras autoridades de otros poderes del Estado e igualmente, el recorte afectará al rector de la Universidad Nacional de Asunción y decanos, miembros del Consejo de la Magistratura, miembros del Jurado de Enjuiciamiento, directores nacionales de entidades descentralizadas, presidentes, y vicepresidentes de empresas públicas del Estado.
Por otro lado, el documento señala también que sufrirán un descuento del 10% todos los funcionarios públicos que perciban más de cuatro salarios mínimos mensuales, exceptuados de este descuento los profesionales de blanco y efectivos de la fuerza pública (policías y militares).
El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis también ya adelantó que presentarán el próximo lunes una propuesta similar al Congreso Nacional, y así también los diputados de Colorado Añetete, sumándose así a los otros parlamentarios quienes ya se adelantaron.
El senador Fernando Silva Facetti (PLRA) señaló que está de acuerdo con que se racionalice los gastos incluyendo los salarios del funcionariado público dada la situación particular. No obstante dijo que estos recortes deben estar sujetos a ciertos requisitos como la razonabilidad y la no alteración esencial del contrato.
“A diferencia del sector privado el Estado si puede alterar los salarios en épocas de guerras, revoluciones, desastres naturales o en este caso particular como una pandemia, ya que tienen el Estado como obligación principal la de defender el bien común de la población por sobre cualquier interés individual y más todavía cuando la vida y la salud de la gente está en peligro”, comentó.
Reiteró que apoyan el descuento que se pretende llevar adelante del 10% o 20% pero que se debe direccionar solamente para el sector de la salud pública y de esa forma paliar las deficiencias que se tiene en el presupuesto con respecto a la pandemia.
“Solamente una ley especial puede producir este descuento salarial y justificadamente con datos estadísticos y por un tiempo razonable que creo que el proyecto del senador Llano propone el tiempo que dure esta ley de emergencia, entonces si es posible además también suspender los efectos de los convenios colectivos por efecto de esta fuerza mayor”, indicó.
